El Plan Nacional de Búsqueda nació con una comprensible desconfianza por parte de agrupaciones de derechos humanos y de memoria, acostumbradas a persistentes situaciones de impunidad que, con mayor o menor intencionalidad, fueron cultivando una distancia respecto de la acción del Estado.

Por Robinson Silva / UACh

Este Plan, gracias al incansable trabajo de sus funcionarios, logró articular a actores tan diversos que comenzó a ganarse la confianza de amplios sectores de la sociedad, toda vez que fue entregando información transparente y detallando sus alcances, logros y dificultades. Tanto es así que se ganaron reportajes de pseudoinvestigación que buscaron enlodar sus gestiones con el solo afán de ganar likes o de obtener más rating para la tan alicaída industria televisiva, como lo vio el caso de Bernarda Vera, otra página ignominiosa para el periodismo nacional.

Hoy, con la llegada de la ultraderecha al ejecutivo, se despidió a funcionarias claves en este proceso de búsqueda de verdad y justicia para con las/los desaparecidas/os y sus familias; a la larga, se frena violentamente el objetivo de conquistar mayor dignidad para una sociedad chilena aún cruzada por la vergüenza de la vulneración de derechos y la incapacidad para reparar tan deleznables delitos contra la humanidad.

Cabe recordar que estas políticas públicas iban en línea con la obligación del Estado chileno de reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, un deber que parte de no descansar en poner todos los recursos y esfuerzos por encontrar el paradero de las personas desaparecidas; ello supone una acción de compromiso con el daño infringido por el odio hacia la disidencia política y de clase que marcó el destino de miles de compatriotas.

El Plan puso en el centro a las organizaciones y, como nunca, les dio valor a los archivos, a la investigación académica y a los funcionarios del Estado (tanto del poder ejecutivo como del judicial) que, en cualquier espacio donde pudieran colaborar, fueron invitados a formar parte de esta tarea de dignidad humana.

La mayor gravedad, a mi juicio, es dar una señal que raya en la amenaza e intimidar a personas que pudieran colaborar en la búsqueda y en las trayectorias de las/los desaparecido/as. Con ello minan el trabajo realizado y apuntan al desprestigio que la ultraderecha viene cultivando respecto a los derechos humanos como concepto, incluyendo a sobrevivientes, organizaciones, investigadores y a la sociedad civil en su conjunto.

Solo resta solidarizar y agradecer a las funcionarias despedidas que, pese a un difícil proceso que incluyó falta de voluntades en alguna oportunidad y un desmedrado presupuesto en otras, continuaron la batalla con sus habilidades y competencias profesionales para entregar un resultado lo más cercano a la justicia.

Por último, no se puede descartar que el Estado de Chile se haga acreedor a una denuncia ante organismos internacionales por el incumplimiento de sus obligaciones en esta materia; sería totalmente válido, porque en materia de derechos humanos, no podemos dejar ni un centímetro a quienes odian la vida y la dignidad humana; no lo merecemos.

Foto: Plan Nacional de Búsqueda en ex centro clandestino de detención y torturas de El Morro en Talcahuano.