El cobre es nuestro. Por ahora.
La autora de este texto alerta que "Fontaine no llegará a Codelco a salvarla. Llegará a diagnosticarla como insalvable. A construir, punto por punto, cifra por cifra, el caso para que cuando llegue la propuesta de venta suene a alivio".
Por Verónica Aravena Vega | Doctora en Estudios de Género y Política
Bernardo Fontaine tiene 61 años, veinte directorios en el sector privado, una fundación financiada en secreto por las AFP, y la convicción —profunda y sincera como un credo de catecismo— de que el Estado no debería administrar nada que valga la pena administrar. Si se confirma lo que el mundo minero ya da por hecho, en mayo llega a la presidencia del directorio de Codelco. No es un error de casting. Es la película completa.
Conviene saber quién es este hombre antes de hablar de lo que viene.
Fontaine es hijo de Arturo Fontaine Aldunate, director de El Mercurio durante la dictadura. Estudió en el Tabancura, economía en la UC, pasó por Citibank y Falabella, y lleva dos décadas acumulando directorios en el sector financiero, retail y logístico. Es el tipo de perfil que en Chile se llama "hombre de redes": no construye empresas, las conecta. No produce nada, asesora a quienes producen. Su poder no es técnico sino político, en el sentido más clásico de la palabra: sabe quién le debe un favor a quién. Fue él, según sus propios cercanos, quien presentó a Kast con Jorge Quiroz, el actual ministro de Hacienda. Eso no es un dato menor. Eso es un mapa de poder.
En la Convención Constitucional de 2022 mostró de qué está hecho. Encabezó la campaña por el Rechazo, defendió la propiedad de los fondos previsionales con fervor de cruzado, y sus propios pares de centroderecha lo describieron como alguien con "una postura neoliberal bastante purista y sin matices, bien ochentera." No lo dijo la izquierda. Lo dijo Manuel Ossandón, de RN. Durante su mandato como convencional, entregó 1.435 millones de pesos a una gestora financiera privada para su administración, mientras ejercía un rol público. Preguntó públicamente si "será hora de cuestionar y repensar el sentido de CORFO." CORFO. La institución que creó Codelco.
Pero su operación más reveladora fue "Con Mi Plata No". Lo que sonaba a movimiento ciudadano espontáneo era otra cosa. Una investigación periodística demostró que la Asociación de AFP financió y apoyó su fundación Ciudadanos en Acción, gastando más de 200 millones de pesos en redes sociales vía influencers que no declaraban recibir pago. Fontaine lo negó durante años con convicción de inocente. Los registros de Meta dijeron lo contrario. Un hombre que construye relatos sobre financiamiento que no existe y defiende intereses que niega representar no llega a Codelco a sanearla. Llega a hacer exactamente lo mismo que hizo con las pensiones: fabricar el caso para que la solución privada parezca la única posible.
Conviene entender qué es Codelco, porque el relato del fracaso ya está circulando y va a circular con más fuerza. A lo largo de su historia, la cuprífera ha entregado al Estado de Chile excedentes por 84 mil millones de dólares. En los últimos veinte años, su contribución ha equivalido al 11% de los ingresos fiscales totales. En 2023, Codelco aportó al fisco la mitad de todo lo que contribuyeron las diez mayores empresas de la gran minería privada de Chile juntas. En 2024, el aporte fue de 1.534 millones de dólares. Una empresa privada en ese lugar no transferiría nada de eso al Estado. Se lo quedaría. Ese es, literalmente, el sentido de existir como empresa privada. Privatizar Codelco no significa mejorarla. Significa dejar de recibir ese dinero y entregárselo a accionistas. Si alguien explica eso con esos términos, la conversación termina ahí. Por eso nadie lo va a explicar así.
Los problemas de Codelco son reales. Conviene conocerlos bien, porque son exactamente la munición que usarán. La deuda creció de 12 mil millones de dólares en 2010 a cerca de 25 mil millones en 2025, sin aumento de producción. Proyectos estructurales como Chuquicamata Subterráneo ya superan en 50% su presupuesto aprobado. Los números son malos. Lo que omitirán al usarlos es la causa, que es la parte importante.
El propio directorio saliente lo dejó por escrito: Codelco recibió del Estado solo el 3,2% de los casi 100 mil millones de dólares de inversión de capital que realizó entre 1971 y 2022. En la minería privada se reinvierte anualmente entre el 20% y el 40% de las utilidades. "Si se nos hubiera aplicado la misma regla que a las empresas privadas, la deuda de Codelco podría ser una quinta parte de la actual." El Estado vació la empresa durante décadas y ahora usa ese vaciamiento como prueba de su fracaso. Es una operación intelectualmente deshonesta que requiere que nadie haga la pregunta obvia: ¿quién gestionó mal, la empresa o el dueño que le sacó todo sin reinvertir nada?
El relato fabricado ya está en marcha. El biministro Mas afirmó ante la Cámara que las utilidades reales de Codelco serían de apenas 388 millones de dólares, muy por debajo de los 2.478 millones informados oficialmente. Técnicamente discutible. Políticamente impecable. El expresidente del directorio Óscar Landerretche lo nombró sin rodeos esta semana: "Están preparando el argumento para privatizar una parte de Codelco. Es una compañía que cuando yo la agarré era bastante maltratada por el Estado, a la que le sacaban toda la plata, a la que paraban todos los proyectos y después le pedían plata."
Así funciona el manual. Primero instalas el diagnóstico de colapso con números reales y causas omitidas. Luego propones "modernización", "disciplina financiera", "apertura de capital", "socios estratégicos privados". Cada paso suena técnico. Cada paso es político. Y cuando la propuesta de venta finalmente llegue, va a sonar a solución inevitable, a decisión de expertos, a pragmatismo responsable. No va a sonar a lo que es: una transferencia de riqueza colectiva hacia privados, la misma operación que Chile ya vivió y que dejó una huella que todavía no termina de medirse.
Entre 1973 y 1990 se privatizaron 725 empresas y activos del Estado chileno. Varias quebraron, el Estado las rescató con dinero público, las saneó y las volvió a privatizar. Las empresas transferidas a aliados del régimen formaron luego conexiones con los gobiernos democráticos, financiaron campañas políticas de derecha e izquierda, y aparecieron desproporcionadamente en los Papeles de Panamá. La privatización no fue entonces una medida técnica. No lo es ahora. Es una decisión sobre quién se queda con la riqueza de un país: si el país o algunos en el país.
Chile nacionalizó el cobre en 1971 porque entendió que un recurso que le pertenece a todos no puede enriquecer solo a algunos. Y porque cuando el Estado controla ese recurso, los excedentes financian lo que el país necesita. El aporte de la minería al fisco equivale a la construcción de 150 mil viviendas sociales o a 750 Centros de Salud Familiar. Entre 2001 y 2021, Codelco recibió del Estado poco más de 7 mil millones de dólares y le devolvió más de 63 mil millones en aportes fiscales. Cuando lo controla un privado, ese dinero no financia hospitales ni viviendas: financia dividendos para accionistas que en su mayoría no viven en Chile, no pagan impuestos en Chile, y no tienen ninguna obligación con Chile. Ese principio sobrevivió dictaduras, crisis y gobiernos de todo color durante más de cincuenta años. No porque sea un dogma, sino porque los números lo sostienen.
Fontaine no llegará a Codelco a salvarla. Llegará a diagnosticarla como insalvable. A construir, punto por punto, cifra por cifra, el caso para que cuando llegue la propuesta de venta suene a alivio. Es lo que sabe hacer. Es lo que ha hecho toda su carrera: convencer de que lo público es una carga y lo privado es la solución, mientras cobra de los privados para decirlo.
El cobre es de Chile.
Por ahora.
