“No hubo que esperar a Illich ni a los antimédicos para saber que una de las propiedades y capacidades de la medicina es la de matar…”
Michel Foucault, 1974

A Lupe, doméstica y salvaje.

Si ya resulta difícil garantizar la protección efectiva de los derechos humanos entre las propias personas, los animales no humanos quedan en una situación de total indefensión cuando se trata de considerar su inclusión en ese marco. En efecto, la premisa que sustenta su exclusión se funda en el concepto de “persona”, a partir del cual se define a la humanidad como una especie superior.

Danilo Billiard

Si bien son valorables los intentos por ampliar esta noción hacia una mayor diversidad de seres vivos, el concepto de persona pertenece a una genealogía de la que no puede desligarse sin más. Su definición está anclada en la histórica división entre humanos y animales —división en la que el saber médico ha desempeñado un papel central— sobre la cual se erige el proyecto moderno. Se trata, sin embargo, de una distinción nunca del todo lograda y, precisamente por eso, persistente como su trasfondo no resuelto.

No resulta extraño, entonces, que en contextos de crisis como el actual dicha separación tienda a reforzarse. En gran medida, constituye una viga maestra del orden contemporáneo. Sus efectos no solo recaen sobre los animales no humanos, sino también sobre sectores de la propia humanidad que, por su condición migratoria irregular o por su posición frente a la ley, ven cuestionado o negado su acceso a derechos fundamentales.

Con todo, la premisa que sostiene esta división ha sido ampliamente erosionada: la idea de una autonomía individual absoluta y de la primacía de la razón como fundamento originario de la vida social. Persistir en estas definiciones implica desconocer décadas de producción teórica en las ciencias sociales, cuyo aporte suele ser marginado precisamente cuando se requiere comprender fenómenos complejos vinculados a la salud pública.

En este marco se inscribe la polémica propuesta del Centro de Políticas Públicas UC orientada al control de perros abandonados, la cual se titula “Hacia una estrategia nacional de bienestar animal integral y protección de la salud pública y cuidado del medio ambiente”. El documento, elaborado por un equipo que proviene en su mayoría del ámbito médico (humano y veterinario), evidencia una limitación de origen: la ausencia de un enfoque verdaderamente interdisciplinario que permita complejizar tanto el diagnóstico como las recomendaciones en materia de políticas públicas en esta área.

Sin desconocer el valor de la iniciativa ni su contribución a un debate necesario, resulta problemático que el informe señale, por ejemplo, una correlación entre la prohibición de la eutanasia sistemática en países como Italia y Bulgaria y la emergencia de crisis sanitarias —aumento de enfermedades, ataques a personas o matanzas clandestinas de animales— sin ofrecer un análisis crítico de los factores específicos que inciden en dichos fenómenos. La argumentación se limita a destacar los efectos de los ataques de perros abandonados, sugiriendo que se faculte a “Carabineros, Policía de Investigaciones y funcionarios municipales para capturar y aplicar eutanasia inmediata en casos de ataques a personas o amenaza inminente a la seguridad pública”.

En la misma línea, el documento recomienda fortalecer el rol del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el control de perros ferales, para que personal capacitado y médicos veterinarios con autorización practiquen una “eutanasia con fines humanitarios” en áreas urbanas, urbanas y naturales donde estos representen un riesgo para las personas u otros animales, limitándose a considerar como factor social que ha dado lugar a la existencia de esta problemática la tenencia irresponsable.

La analogía con los sujetos infractores de la ley resulta inevitable: en ambos casos, la clasificación técnica de “peligrosidad” funciona como justificación para políticas punitivas (como es el caso de la Ley Naín-Retamal), de modo que lo que parece imponerse es una lógica de categorización de los seres vivos —humanos y no humanos— en función de su grado de utilidad o amenaza.

Desde esta perspectiva, resulta llamativo que se proponga la eutanasia para perros ferales y asilvestrados que provocan daño ecológico, mientras el propio discurso gubernamental critica las regulaciones ambientales por obstaculizar inversiones empresariales que generan impactos ecológicos considerablemente mayores. Estos daños, además, afectan a la totalidad de los ecosistemas y especies, produciendo consecuencias muchas veces irreversibles.

Por otro lado, no deja de ser inquietante que medidas como la eutanasia se justifiquen apelando al bienestar animal, la salud pública o la protección de la biodiversidad. En ese sentido, cabe preguntarse si la lógica subyacente permitiría también extender este tipo de medidas a agentes humanos responsables de amenazas a la seguridad, lo cual abriría las puertas al debate sobre un eventual retorno de la pena de muerte.

En ese sentido, la experiencia reciente ha demostrado los riesgos de diseñar políticas públicas desde enfoques unidimensionales a los que se les asigna validez universal, ya que considerar la salud pública como un ámbito exclusivo de la medicina constituye hoy un reduccionismo difícil de sostener. Sin embargo, la sociedad continúa otorgando a la profesión médica un poder desproporcionado sobre la gestión de la vida y la muerte, en un contexto de creciente medicalización de la política.

Es que cuando el informe justifica la eutanasia a partir de criterios humanitarios (por más que se recomiende aplicarla en casos extremos y regulados), emerge un razonamiento que, al menos, merece ser problematizado. Sus afinidades con la filosofía utilitarista se evidencian cuando se propone sacrificar a una minoría en defensa del bienestar de la mayoría, considerando que ambos términos tienen un significado sociopolítico y no solo estadístico. De ahí que la pretensión de imparcialidad del informe, a partir de la entrega de evidencia científica que se centra en medir los efectos nocivos de un fenómeno y proponer medidas para mitigarlo en defensa del bienestar de la mayoría, es engañosa, ya que su premisa consiste en reducir a objetos a los animales no humanos, es decir, medios para alcanzar determinados fines que están sujetos a un cálculo de utilidad.

Esto implica un trato no igualitario que es coextensivo al campo social, porque sus premisas son similares, lo cual explica que ciertas políticas punitivas se promuevan hoy en Chile apelando al bienestar general de la población. Frente a ello, la teoría social tiene el desafío de articular una crítica desde perspectivas posthumanas, capaces de mostrar que categorías como la de “perro feral” no responden a una naturaleza autónoma, sino a una imbricación histórica entre lo social y lo natural que nos exige ampliar nuestra mirada sobre la dignidad y los derechos humanos, para que humanos y animales no humanos sean tratados con la misma consideración y el mismo respeto, abandonando la idea de que el sacrificio es un mecanismo válido para alcanzar el máximo de bienestar.

Es que si los derechos que denominamos “humanos” fueran verdaderamente extensivos a todos los seres vivos, independientemente de su condición, la eutanasia con fines utilitarios debería ser considerada, sin ambigüedades, un crimen de lesa animalidad.

Imagen extraída de https://www.aduana.cl