En esta columna, el sacerdote y psicólogo Marcelo Bustos Peña aborda la migración con una mirada que va más allá de las elecciones presidenciales, planteando que "una política migratoria legítima requiere distinciones finas, entre regularización y persecución, entre control fronterizo y castigo simbólico, y sobre todo entre orden jurídico y humillación práctica".

Por Marcelo Bustos Peña | Sacerdote y psicólogo

La elección presidencial que lleva a José Antonio Kast a La Moneda abre un escenario que merece ser analizado con cuidado, sin caricaturas ni alarmismos fáciles, pero tampoco con ingenuidad. Uno de los ejes centrales de su campaña fue la cuestión migratoria, presentada reiteradamente en clave de amenaza, desorden y pérdida de control estatal. Ese énfasis fue electoralmente eficaz porque conectó con una experiencia de la ciudadanía, la percepción de que el Estado había sido incapaz de regular flujos, de resguardar fronteras y de garantizar condiciones mínimas de convivencia. Ignorar esa experiencia sería un error analítico grave. Pero asumir que toda respuesta dura es legítima, automática y sin límites, lo sería aún más.

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la migración no es solo un fenómeno demográfico o policial, es también un fenómeno simbólico. Los discursos políticos no solo regulan políticas públicas, sino que moldean percepciones, jerarquías morales y climas emocionales. Cuando un líder enmarca reiteradamente la migración como amenaza, el riesgo no está únicamente en las medidas concretas que adopte, sino en la legitimación social de prácticas que pueden deslizarse, a veces sin que nadie lo note de inmediato, hacia formas de deshumanización administrativa.

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Conviene precisar el concepto. Las políticas deshumanizantes no siempre se expresan como violencia explícita. Suelen aparecer, más bien, como procedimientos “técnicos” que reducen a las personas a categorías abstractas, flujos, cargas, riesgos, números a contener. El problema no es que el Estado regule, eso es parte esencial de su función soberana, sino cuando la regulación pierde de vista la condición humana del sujeto regulado. Detenciones indiscriminadas, expulsiones sin debido proceso, separación de familias, normalización del trato indigno en recintos administrativos o fronterizos no requieren un discurso abiertamente cruel para instalarse, basta con una lógica que prioriza el control por sobre la dignidad.

Aquí aparece una paradoja que Chile conoce bien, aunque pocas veces la reconoce en voz alta. Cuando políticas restrictivas similares se aplican a ciudadanos chilenos en otros países, especialmente en contextos de migración irregular, el discurso cambia de inmediato, hablamos de abusos, de estigmatización, de trato injusto, de falta de humanidad. Lo que fuera “orden” puertas adentro se vuelve “exceso” cuando se ejerce contra los propios. Esa asimetría revela que el problema no es la regulación en sí, sino el criterio ético con que se la ejerce.

Desde una perspectiva de psicología social, los contextos de inseguridad tienden a facilitar procesos de despersonalización del “otro”. El migrante pasa de ser sujeto a ser símbolo, del desorden, de la delincuencia, del colapso de servicios. En ese tránsito, el juicio individual se diluye y el castigo colectivo se vuelve más aceptable. La historia muestra que estos procesos no necesitan intenciones explícitamente autoritarias para desplegarse, basta con una narrativa que tolere la excepción permanente y normalice el endurecimiento progresivo.

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El desafío del nuevo gobierno, entonces, no es menor. Tiene un mandato claro para restablecer control, pero ese mandato no incluye, ni debiera incluir, una suspensión tácita de principios básicos del Estado de derecho. Gobernar con rigor no equivale a gobernar sin límites. La firmeza institucional se mide, precisamente, en la capacidad de ejercer poder sin degradar al otro, incluso cuando ese otro no pertenece al grupo mayoritario ni goza de simpatía social.

Una política migratoria legítima requiere distinciones finas, entre regularización y persecución, entre control fronterizo y castigo simbólico, y sobre todo entre orden jurídico y humillación práctica. Cuando esas distinciones se pierden, el Estado comienza a erosionar su propia legitimidad, aunque conserve apoyo coyuntural. Ese desgaste no se manifiesta de inmediato en encuestas, sino en el debilitamiento silencioso del pacto ético que sostiene la convivencia.

Chile tiene derecho a exigir reglas, a controlar sus fronteras y a ordenar su sistema migratorio, eso no está en discusión. Lo que sí está en juego es el límite ético del poder. Cuando el Estado convierte la eficiencia en coartada para el maltrato, cuando normaliza procedimientos que erosionan el debido proceso, cuando acepta la humillación como costo colateral del orden, deja de ejercer autoridad y comienza a administrar fuerza. Ese es el punto de quiebre. La verdadera prueba del nuevo ciclo político no va ser cuán lejos puede llegar en nombre del control, sino si es capaz de gobernar sin abdicar de los principios que distinguen a un Estado de derecho de una maquinaria disciplinaria. Porque cuando el poder olvida sus límites éticos, no restaura el orden, sino que lo termina degradando.