La autora de esta columna alerta que "cuando un gobierno recorta inteligencia financiera, bloquea el levantamiento del secreto bancario y debilita los equipos de investigación, no está siendo negligente. Está creando las condiciones exactas para que el crimen organizado opere sin fricción dentro del sistema formal".

Por Verónica Aravena Vega | Doctora en Estudios de Género y Política

Hay un dato que debería ser insoportable. En 2024, el 44% de los detenidos por robo de vehículos en Chile eran menores de edad. Uno de cada cuatro responsables de robos violentos tenía menos de dieciocho años. Casi cinco mil menores participaron en delitos asociados al crimen organizado ese mismo año, un aumento del 86% respecto a 2021. 

El Tren de Aragua llegó por el norte, por la frontera. Entraron por Arica y Colchane cuando la pandemia abrió los pasos irregulares. Se instalaron cobrando peajes a migrantes, matando a quienes no pagaban. Hoy operan en doce de las dieciséis regiones. La organización funciona como franquicia: células locales —Los Gallegos, Los Piratas, La Hermandad, Clandestinos— replican el modelo y rinden cuentas al "Niño" Guerrero desde la clandestinidad. El Ministerio Público y Carabineros tienen identificadas doce organizaciones criminales transnacionales en territorio chileno. Doce. Con nombre, estructura, zona de operación. No es información clasificada. Está en los informes públicos.

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Y sin embargo, lo que el crimen organizado hace con los niños sigue tratándose como dato secundario. No es reclutamiento en el sentido limpio de la palabra. Es captura. Un niño de doce años en una población sin escuela que funcione, sin adulto que sostenga, y alguien que le ofrece plata, pertenencia y un arma. Según la encuesta CEP de 2024, en los barrios con presencia de bandas narco, el 42% dice que esos grupos reclutan niños. Los datos lo confirman: muchos empiezan antes de los trece. El crimen organizado no necesita ir a buscarlos. Se inserta orgánicamente donde ya hay pobreza, abandono y redes criminales normalizadas. Las niñas terminan en los eslabones más bajos de la cadena. Y cada niño que entra a la máquina es un dato más de inseguridad, un caso más que alimenta el miedo. Conviene recordarlo, porque eso importa para lo que viene.

En agosto de 2025, setenta y seis menores habían muerto en un año en contextos de crimen organizado. El gobierno de Boric creó una Fuerza de Tarea sobre Reclutamiento Temprano, instaló comités de prevención, articuló municipios con policías y Ministerio Público. Era modesto. Pero era un reconocimiento institucional de que el problema existía.

Entonces llegó el gobierno de emergencia. Y la pregunta que hay que hacerse no es si Kast está fallando en seguridad. Es por qué.

Kast ganó con el 58% prometiendo mano dura. El Plan Implacable era la estrella. Dos meses después, sigue existiendo solo en papel. La exministra Steinert duró dos meses. La subsecretaria de Prevención del Delito sugirió en televisión que la ciudadanía tomara las medidas que estime convenientes frente al delito. De los treinta y cinco proyectos de su agenda de seguridad, treinta fueron heredados. La primera ley que Kast promulgó fue redactada íntegramente por el gobierno anterior. Y Hacienda recomendó descontinuar el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, Calles Sin Violencia y el Sistema de Seguridad Municipal. Recortó en un 64% el presupuesto policial del programa diseñado para combatir al crimen organizado. Treinta y tres mil millones menos. Mientras los homicidios vinculados al narco subían un 36,8% en sus primeras semanas, según la Fiscalía.

Esto no es incompetencia. La incompetencia es la explicación cómoda. Pero cuando la Fiscalía tiene mapeadas doce organizaciones con nombre y estructura, cuando los secuestros extorsivos pasaron de unos setenta al año en 2021 a más de ciento veinte en 2023, y los vinculados al crimen organizado se triplicaron entre 2022 y 2024, y aun así se recorta presupuesto y se descontinúan programas — la incompetencia deja de ser explicación y se convierte en coartada.

A este gobierno le sirve el miedo. Necesita que el crimen organizado siga siendo percibido como amenaza incontrolable para justificar la emergencia permanente, las zanjas en el norte, la retórica marcial que sostiene su proyecto político. Combatir de verdad al Tren de Aragua — con inteligencia financiera, persecución patrimonial, cooperación internacional, años de trabajo silencioso — no da tuit. Y además corre el riesgo de funcionar. Un gobierno que resuelve el problema que lo llevó al poder se queda sin argumento.

Lo que sí da tuit es Temucuicui. El 19 de mayo, un operativo con PDI, Carabineros y Ejército entró de madrugada a la comunidad con blindados, helicópteros y armamento de alto calibre para detener a Jorge Huenchullán, prófugo desde 2021. Kast tuiteó antes del mediodía. Steinert viajó para la foto. El Partido Republicano celebró que el presidente logró lo que la izquierda no quiso. Extracción aérea. Blindados. La épica completa. Para un hombre que, según la propia comunidad, no resistió la captura para no poner en riesgo a niños y ancianos. Desplegaron artillería contra alguien que se entregó. Y lo llamaron golpe al crimen organizado.

El enemigo mapuche es más rentable que el enemigo narco. Pero la cosa no termina ahí. Ir contra el Tren de Aragua en serio significa desmontar redes financieras. Y ahí la pregunta se vuelve más incómoda. CIPER reveló en 2025 que una red del Tren de Aragua movió más de trece millones de dólares a través de ochocientas cuentas bancarias sin que el sistema financiero emitiera una sola alerta. Chile es, junto con Australia, el único país de la OCDE donde se necesita autorización judicial para levantar el secreto bancario. En el Senado, la derecha rechazó en bloque eliminar esa barrera. El crimen organizado lava dinero a plena luz del día y la herramienta para rastrearlo está políticamente bloqueada por el mismo sector que hoy gobierna.

Es un circuito. El miedo sostiene la emergencia. La emergencia justifica el espectáculo contra Temucuicui. Y el espectáculo distrae de la única pregunta que importa: a quién protege un Estado que decide sistemáticamente no seguir el dinero. Porque cuando un gobierno recorta inteligencia financiera, bloquea el levantamiento del secreto bancario y debilita los equipos de investigación, no está siendo negligente. Está creando las condiciones exactas para que el crimen organizado opere sin fricción dentro del sistema formal. Ya hay soldados del Ejército traficando ketamina. Ya hay contadores armando sociedades de fachada para blanquear plata del Tren de Aragua. La permeabilidad no es una hipótesis. Es un proceso en curso.

Y los niños son la pieza que completa el engranaje. Cada menor que entra al crimen organizado es una vida destruida, sí. Pero también es un caso policial más, una cifra más de victimización, un gramo más de miedo social. Cinco mil menores al año alimentando la percepción de inseguridad que este gobierno necesita para seguir gobernando en modo emergencia. No los rescata porque rescatarlos no da foto. Pero además: rescatarlos significaría que la emergencia funciona, y si la emergencia funciona, se acaba.

No hay tuit para el menor de trece años que hace de campana en Lo Espejo. No hay conferencia de prensa para la niña que termina en la red de explotación sexual. No hay helicóptero que vaya a buscarlos.

Porque esos niños no le sirven a nadie como espectáculo. Y a este gobierno, cuando no hay espectáculo, no le queda nada.