Uno de los debates que el actual gobierno intenta instalar en la opinión pública es la denominada “pausa” en el traspaso de la educación pública hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), organismos estatales descentralizados creados para reemplazar el sistema de administración municipal heredado de la dictadura.

Por Joaquín Pérez

La idea fue respaldada recientemente por José Antonio Kast, quien sostuvo que existen municipalidades que “lo hacen bien” y que varios SLEP han mostrado malos resultados.  Sin embargo, detrás de ese discurso surge una pregunta incómoda: ¿la resistencia al traspaso busca realmente proteger la educación pública o mantener el control político y económico de uno de los presupuestos más grandes que administran los municipios?
Uno de los casos más ilustrativos en la región del Biobío, es el de la comuna de Arauco.  Allí, el alcalde Mauricio Alarcón —24 años en el poder comunal— ha sido uno de los principales impulsores de mantener la educación bajo administración municipal.
Pero los números y antecedentes administrativos muestran una realidad muy distinta al discurso oficial.
Desde el inicio de la administración de Alarcón, la matrícula de estudiantes en establecimientos municipales cayó significativamente.  Un desplome que refleja el deterioro progresivo de la educación pública comunal, fenómeno que en Arauco no solo se relaciona con la crisis nacional del sistema municipalizado, sino también con reiterados cuestionamientos por transparencia, gestión y uso de recursos públicos.

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El escándalo del título profesional “falso” de director DAEM
Uno de los episodios más recordados por las comunidades educativas de Arauco involucra al exdirector DAEM Pedro Soto Gaete, nombrado el año 2013 tras concurso público, donde el alcalde debía escoger entre una terna finalista.
Como parte de la instalación directiva del funcionario, los antecedentes académicos y profesionales fueron recepcionados y visados por funcionarios municipales. Sin embargo, el escándalo explotó cinco años después cuando Soto asumió funciones en Talcahuano y presentó un título profesional distinto al que existía archivado en la Municipalidad de Arauco.
La situación derivó en denuncias e investigaciones policiales. El propio Soto reconoció que el título válido era el presentado en Talcahuano y declaró públicamente a diario El Sur el 21 septiembre 2017: “No sé de dónde en la Municipalidad de Arauco sacaron ese título”. Pese a la gravedad institucional del caso —que involucraba no solo a quien presentó la documentación, sino también a funcionarios que validaron oficialmente esos antecedentes— la administración municipal de Arauco no impulsó investigaciones internas ni acciones judiciales.

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Contraloría y el cuestionamiento de los millonarios pagos en horas extras
La educación municipal de Arauco ha sido objeto de reiteradas observaciones de la Contraloría General de la República, particularmente a través de la Investigación Especial N°953 de 2017, el Informe IE N°540 de 2019 y la Investigación Especial N°2.630 de 2020, documentos oficiales que detectaron deficiencias de control interno, irregularidades administrativas, problemas en contrataciones y observaciones respecto al uso de recursos públicos.
Uno de los antecedentes más sensibles quedó plasmado en el informe divulgado el año 2020, donde se reveló que entre enero de 2018 y junio de 2019 la administración municipal pagó alrededor de 155 millones de pesos en horas extras y viáticos a funcionarios del DAEM.  El punto especialmente delicado es que dichos pagos no corresponden a decisiones automáticas del sistema administrativo, sino que requieren autorización de la máxima autoridad comunal. Es decir, las horas extraordinarias observadas por Contraloría fueron autorizadas por el propio alcalde Mauricio Alarcón en su calidad de sostenedor y jefe superior del servicio municipal.
La situación generó cuestionamientos públicos incluso dentro del propio Concejo Municipal, particularmente por el elevado gasto concentrado en determinados directivos y funcionarios de confianza política. Sin embargo, pese al impacto del caso y a las observaciones del ente contralor, varios de los involucrados continuaron ocupando cargos estratégicos dentro del DAEM.

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Samuel Molina: el histórico operador del DAEM
Uno de los nombres que aparece reiteradamente en el funcionamiento interno del DAEM es el de Samuel Molina Vergara, histórico colaborador político de la administración Alarcón y uno de sus funcionarios de confianza dentro del aparato educativo municipal.
Molina, uno de los principales cuestionados por las horas extras, volvió a figurar luego de que la exalcaldesa Elizabeth Maricán debiera desembolsar cerca de 37 millones de pesos para concretar su desvinculación del municipio.  Sin embargo, tras el regreso de Mauricio Alarcón a la alcaldía en 2025, Molina fue reincorporado bajo condiciones consideradas inusuales: contratación indefinida inmediata, ausencia de concurso público y asignación de bonos y beneficios que posteriormente fueron cuestionados en fiscalizaciones ciudadanas.
Cuando se consultó por dichas asignaciones, la Municipalidad respondió que existían “errores en los registros”, explicación que volvió a instalar dudas sobre los mecanismos internos de control financiero del DAEM.

La batalla para impedir el traspaso a los SLEP
En 2021, Mauricio Alarcón lideró una ofensiva política para impedir el traspaso de la educación municipal al sistema SLEP. Mediante el Oficio N°719 dirigido al presidente Sebastián Piñera, solicitó formalmente postergar el proceso argumentando que representaba el sentir de toda la comunidad educativa de Arauco.
Sin embargo, posteriormente surgieron reclamos formales de gremios de Asistentes de la Educación AFAEDUCA y AFEPAB, quienes acusaron haber sido utilizados sin consentimiento para fortalecer la solicitud enviada por el municipio. Según señalaron, ellos sí apoyaban el traspaso porque el sistema SLEP podía mejorar sus condiciones salariales y reconocer años de servicio que el sistema municipal no consideraba.

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El caso Mariana Arratia y las multas millonarias ocultadas
Otro episodio que tensionó la credibilidad institucional ocurrió durante 2025, cuando la concejal Nicol Friz solicitó vía transparencia antecedentes sobre sanciones cursadas por la Superintendencia de Educación a establecimientos de la comuna. Respecto del Liceo Politécnico Carampangue y su directora Mariana Arratia, la municipalidad señaló que existía “una sola multa” y que esta “no guardaba relación con la gestión directiva”.
Sin embargo, un posterior Informe Jurídico fechado en enero de 2026, remitido por la propia Municipalidad de Arauco a la Contraloría General de la República, reconoció que la información entregada a la concejal “tuvo un error”. El documento confirmó la existencia de cuatro multas aplicadas por la Superintendencia de Educación en solo 2 años, junto con 11 observaciones e irregularidades detectadas en materias de convivencia escolar, protocolos internos, infraestructura e higiene. Según la municipalidad, las sanciones económicas asociadas a estos procesos alcanzaron casi 15 millones de pesos, recursos públicos que debieron ser asumidos por la administración municipal encabezada por el alcalde Mauricio Alarcón en su calidad de sostenedor de la educación comunal.
Pero el contexto del “supuesto error de información”, era más que las múltiples irregularidades detectadas por la Superintendencia de Educación y las sanciones millonarias; coincidió con un escenario de alta conflictividad interna en dicho establecimiento que generaron movilizaciones de estudiantes y apoderados, acusaciones de maltrato, denuncias de autoritarismo y múltiples presentaciones contra la directora Arratia por parte de docentes, asistentes, estudiantes y apoderados. En su informe a la Contraloría, la propia municipalidad confirmó que existían diversas denuncias ingresadas a la Municipalidad contra la directora en distintos años, pero “que no fueron derivadas al DAEM” razón para que estas no derivaran en medidas administrativas en su contra.
Pese a que con todos estos antecedentes tres concejales de la comuna le solicitaron al alcalde instruir un sumario en contra de la funcionaria, Alarcón decidió mantener su respaldo irrestricto a la directora, rechazando abrir un sumario administrativo y calificando además su desempeño con grado de “excelencia”, según consta en documento de Convenio de Desempeño 2025, manteniéndola en su cargo tal como la designó desde el año 2018. Por su parte Contraloría respondió a los concejales que, pese a todo, “el alcalde tiene la potestad de instruir los sumarios administrativos”.

El nuevo escándalo: descuentos millonarios a docentes
A comienzos de mayo de 2026, docentes de educación diferencial de enseñanza media de distintos establecimientos municipales fueron convocadas por el DAEM a reuniones extraordinarias. Allí se les informó que durante años habrían recibido remuneraciones “que no correspondían” y que debían devolver esos recursos a través de descuentos mensuales hasta completar la “deuda”.
Algunas profesoras calcularon que sus descuentos podrían alcanzar hasta 6 millones de pesos, en consideración que se les dijo que los descuentos abarcaban un periodo de 5 años.
Según relataron asistentes a las reuniones, el alcalde Mauricio Alarcón atribuyó la situación a una exigencia de Contraloría, sin reconocer responsabilidades administrativas por el eventual “error” municipal. El episodio volvió a instalar cuestionamientos sobre el orden financiero y administrativo del DAEM de Arauco.

El verdadero temor detrás de los SLEP
La discusión de fondo parece ir mucho más allá de un debate técnico sobre administración educacional.
Porque mientras algunas autoridades hablan de “proteger la educación municipal”, lo que realmente está en juego es el control de cientos de millones de pesos, cargos de confianza, redes políticas y estructuras de poder construidas durante décadas alrededor de la educación pública comunal.
Y ese es precisamente el punto que vuelve incómodo el debate sobre los SLEP: que, para varias municipalidades, perder la administración de la educación no solo implica un cambio administrativo, sino también el fin de una estructura histórica de influencia política, control territorial y manejo de recursos públicos que durante años operó con escasa fiscalización efectiva.

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