En esta columna, el autor aborda cómo la impunidad de Claudio Crespo representa una realidad preocupante: "la transición chilena permanece inconclusa y el autodenominado "Gobierno Transformador" terminó mimetizándose con la administración del status quo".

Por Por Jean Flores Quintana

La entrevista del Presidente Gabriel Boric en Tolerancia Cero consagra la capitulación definitiva del relato transformador. Su 'tristeza' televisada frente a la impunidad de Claudio Crespo se reduce a una estética vacía, un realismo mágico propio de Isabel Allende. Mientras tanto, en la calle, la realidad es otra: la fuerza pública actúa como el brazo armado de la clase patronal, una maquinaria de venganza contra el bajo pueblo que opera bajo la garantía de impunidad del gobierno.

Lo que vimos en pantalla instrumentaliza el dolor ajeno, degradando el drama humano a la categoría de insumo táctico. No hay ingenuidad en la puesta en escena: cada gesto de Gabriel Boric parece calibrado no para reparar a las víctimas, sino para blindar su propia biografía política.

Cuando el mandatario iguala el terrorismo estatal con la protesta, resucita la perversa lógica de los dos demonios. Es el viejo truco de la transición para diluir responsabilidades. Boric borra deliberadamente la distinción básica de la democracia: no existe equivalencia posible entre un civil y un agente del Estado que, armado y pagado por todos nosotros, decide apretar el gatillo contra su propio pueblo.

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El desconcierto presidencial evoca con dolorosa precisión la escena final de la película Machuca: Boric Font ocupa hoy el lugar de Gonzalo Infante, el testigo privilegiado que observa la masacre desde la seguridad de su bicicleta de marca, con el rostro limpio y la ropa intacta. Mientras a los Pedro Machuca de la Revuelta Popular les arrancan los ojos y el futuro, el mandatario firma leyes de impunidad al son de la derecha, dejando atrás el barro de la historia. Su tristeza de cartón contrasta con la dignidad de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes siendo víctimas del terrorismo estatal se mantienen de pie como faros de luz entre tanta oscuridad acomodaticia.

Más allá de la emoción televisada, los informes técnicos desnudan la farsa. El último reporte de Amnistía Internacional alerta sobre la persistencia de la impunidad en Chile, señalando que la falta de condenas en casos de trauma ocular obedece a una decisión política estructural, y no a meras fallas procedimentales. Según cifras del propio INDH, de las más de tres mil querellas presentadas, las sentencias condenatorias resultan estadísticamente irrelevantes, consolidando una tasa de impunidad que supera el 95%.

Esta absolución encuentra su origen legislativo en el actual periodo: la Ley Naín-Retamal, votada y promulgada bajo esta administración, opera como el blindaje jurídico que permite a los tribunales acoger la tesis de la "legítima defensa" privilegiada. El gobierno lamenta en televisión lo que autorizó en el Congreso. La "Ley Maldita", como la bautizó la senadora Campillai, transforma al gatillo fácil en política de Estado y entrega a Carabineros la llave maestra para reescribir la historia a su favor.

Gustavo Gatica, frente al gobierno liderado por el Frente Amplio, se topó con la administración del silencio. Las condolencias oficiales, despojadas de voluntad política, no son reparación; son la lápida que sella el nuevo pacto de impunidad.

Lo ocurrido con Crespo confirma la tesis más amarga: la transición chilena permanece inconclusa y el autodenominado "Gobierno Transformador" terminó mimetizándose con la administración del status quo. Boric ofrece lágrimas, pero el pueblo de Chile exige responsabilidades. Porque, al final del día, la tristeza de un Presidente que renuncia a usar su poder para garantizar la no repetición, vale tanto como la caridad de la oligarquía en las novelas de Allende: un gesto que alivia la conciencia del poderoso, pero que perpetúa la miseria del oprimido.