Desde hace años, autoridades y medios de prensa chilenos intentan dar a creer que las licencias médicas son un instrumento expuesto a la sospecha. Lo hacen incurriendo en la vieja falacia argumentativa de tomar la parte por el todo, o sea, presentar casos de fraude como si fueran representativas de todo el universo de estos certificados.

Este viernes, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de ley de "Modernización Laboral" que, entre otros perjuicios, le otorga al empleador la potestad de verificar diagnósticos médicos, indicándolo así: "El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. En caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial [...] o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica...".

Cabe señalar que el artículo44, que antecedía a este, indicaba que para periodos con licencias por enfermedad o accidentes considerados como no laborales las y los trabajadores solo podrían cobrar el 50% o 75% de su salario. Afortunadamente fue rechazado.

No obstante, el voto de 135 diputados/as frente a 115, determinó el visado de normas que por ejemplo:

-Permiten pagar "en dinero o en especie" (alojamiento, alimentos, etc);

-Establece que la indemnización por despido ya no estará sujeta a los convenios colectivos fijados con los sindicatos, sino que establece un cálculo en desmedro de lo que hasta ahora se paga.

-Dejan impotente a la huelga como ejercicio de presión, implementando "servicios esenciales y trascendentales", algo que ya conocemos en Chile. Estos están conformados por una serie de actividades que no se pueden detener y por lo tanto se prohíbe a sus trabajadores ir a huelga totalmente. La cantidad de funciones calificadas así es de una amplitud sorprendente: la educación; los servicios de telecomunicaciones; el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de mercancías y personas; los servicios sanitarios y hospitalarios; la radio y televisión; los servicios bancarios, hoteleros y gastronómicos; el comercio electrónico; la producción de bienes y/o servicios orientados a la exportación, entre otros. Además se consideran como "infracciones muy graves" la realización de bloqueos y otras acciones propias del ejercicio de presión para conseguir mejoras laborales.

-Obligan a derogar estatutos profesionales que otorgan protección a múltiples gremios, focalizándose en las condiciones propias de su desempeño

-Permiten al empleador determinar la fecha de las vacaciones, así como "convenir" con el trabajador el fraccionamiento de ellas en un mínimo de siete días.

-Ponen fin al pago de horas extras para "ahorrarlas" en un Banco de Horas que, en un supuesto acuerdo entre el trabajador y el empleador, se decidirá cómo tomarlas. Ahora bien, ¿cuál será la legitimidad de estos eventuales acuerdos si la asimetría de poder es evidentemente favorable a la clase patronal?

Si quieres conocer el proyecto completo y algunos de los documentos que congresistas han elaborado a propósito de su contenido, lo puedes revisar acá

Movilizaciones en Argentina contra la reforma laboral

El gobierno de Javier Milei espera aprobar este proyecto el próximo 27 de febrero en el Senado. Y si bien existe una conmoción generalizada frente a esta ley en ciernes, lo cierto es que fue visada por diputadas/os electos por la población. Ante ello cabe preguntar ¿cómo es que se le otorga poder de representación a sujetos que acabarán empobreciéndote, porque deliberadamente favorecen al empresariado?.

Derechos, privilegio 

Inicialmente, mencionábamos la campaña de deslegitimación que sufre el sistema de licencias médicas en Chile. En ella se ha dicho que las y los trabajadores públicos tienen una proporción de días de reposo mucho mayor que quienes laboran en el área privada y, por lo tanto, están adscritos al Código del Trabajo, sin mencionar que esta ley fija el pago de licencias médicas desde el cuarto día, si su duración es inferior a 11 días, y si es menor a 4 días simplemente no se pagan. En este contexto, ¿cuántos trabajadores se abstienen de tomar el reposo necesario para su salud esos días no les serán pagados?

Es razonable que, sin un factor inhibitorio como este, los trabajadores públicos tengan una proporción mayor de días con licencia médica, sin embargo toda la operación comunicacional se orienta a generar odiosidad contra quienes tienen este derecho. ¿Cómo lo hacen?: refiriéndose a estas garantías como "privilegios" y a quienes las tienen como sujetos injustificadamente privilegiados. Y ¿por qué?: porque no lo merecen, pues los derechos no entran en el marco de su noción sesgada de meritocracia.

En este esquema, la frustración e indignación se dirige contra quienes tienen derechos de parte de quienes carecen de ellos, y es así como un segmento importante de la población puede validar cualquier política que acabe con ellos, pues no se trataría de derechos, sino de privilegios. En este sentido, es muy llamativo que uno de los argumentos de Milei y su corte para defender el proyecto legislativo que comentamos es que una gran masa de la población tendrá contratos, solo eso, sin referirse a sus condiciones laborales.

En la interacción de estos elementos discursivos, es de Perogrullo consignar que el empresariado queda al margen de cualquier impugnación, más aún cuando el neoliberalismo le ha erigido como eje articulador de la vida nacional. El empresariado, en el marco del Estado subsidiario, ejecuta lo que debiera hacer la institución pública. Evidentemente lo convierte en un negocio a su favor, carcomiendo progresivamente todo lo que depende del Fisco a través de un funcionamiento deficiente o la imposición de precios injustificados que les dotan de cada vez mayor poder. Todo permitido gracias a autoridades también electas por una población que acaba por creer que: si toda la institucionalidad pública sirve para lo que hasta ahora le ha sido útil, es una mierda a sustituir; ¿por qué?: por empresas.

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Mérito y fusibles a granel

Volvamos al mérito. Contraviniendo los hechos y la historia reciente, el empresariado busca legitimarse atribuyéndose la cualidad del esfuerzo y de la plata bien ganada. Extrañamente se le refuta, mencionando que su composición remite a clanes familiares que se han heredado un patrimonio creciente originado en las prebendas recibidas del Estado desde sus inicios hasta ahora.

Es importante considerar el significado que actualmente está perfilando el concepto de mérito, basado en una noción individual de personas que se sobreponen a otras para obtener el poder adquisitivo deseado. Así, queda absolutamente desahuciada la posibilidad de bregar colectivamente por garantías comunes y también de impugnar al empresariado en un contexto de acumulación de riqueza absolutamente inédito a nivel nacional y mundial.

Entonces, ¿cuál es la posibilidad de objetar a la clase empresarial si las instituciones sociales y populares (sindicatos, clubes, grupos vecinales y tantos otros), que constituyeron espacios eficaces de discusión y construcción cultural en torno a prácticas que evidenciaban el perjuicio o beneficio de decisiones personales y colectivas, hoy son casi inexistentes, mientras la población es permeada por mensajes promovidos en sus propias plataformas de difusión?

En este escenario emergen influencers que declaran tener "comunidades", cuando en realidad solo se deben a ellos mismos en un negocio mediado por la validación. Una pléyade de estos sujetos, favorecidos por el control algorítmico, son quienes están trazando las creencias de segmentos cada vez más importantes de la población. Su importancia no radica en su individualidad, sino en su función social. Son como fusibles: muy útiles, de bajísimo costo y desechables. Por eso pueden ser contradictorios, inconsistentes o mentirosos compulsivos, no importa, si se queman, se botan y son cambiados.

Es así como el coro de influencers del momento puede pregonar con cada vez mayor repercusión que el goce de derechos constituye un privilegio y, a la vez, que la ausencia de ellos otorga libertad de emprender, una libertad que también es presentada como ejercicio viril, no apto para débiles que buscan amparo en un contrato social.