El autor de esta columna aborda en profundidad la interpelación que abren los incendios forestales y sus respectivos impactos, señalando que "la responsabilidad se diluye y el debate público se desplaza hacia la gratitud por la ayuda recibida, en lugar de abrir una discusión sobre el modelo de desarrollo que expone sistemáticamente a ciertos territorios al riesgo".

Por Marcelo Bustos Peña | Sacerdote y psicólogo. Párroco Divino Redentor Penco

Las catástrofes no solo arrasan territorios; también dejan al descubierto la forma en que una sociedad se piensa a sí misma. Los incendios que han golpeado al Biobío y Ñuble no son únicamente un fenómeno climático o forestal. Son, también, un espejo incómodo del modo en que el Estado chileno responde cuando la vida concreta se ve amenazada. Lo ocurrido obliga a interrogar no solo la rapidez de las medidas adoptadas, sino la racionalidad que orienta la acción pública en contextos de desastre.

En la respuesta estatal se observa una lógica que privilegia la gestión, el control y la eficiencia. El problema se define en términos operativos: cuántos recursos se movilizan, cuántas hectáreas se queman, cuántas ayudas se entregan. Ese enfoque permite ordenar la emergencia, pero al mismo tiempo reduce una experiencia profundamente humana a un conjunto de indicadores. El sufrimiento, la pérdida y la sensación de abandono quedan traducidos a un lenguaje técnico que administra el daño, pero no alcanza a hacerse cargo de su sentido.

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El Estado aparece, así como un administrador de la crisis más que como un garante de cuidado. Se despliegan protocolos, se activan comités, se anuncian apoyos, pero todo ocurre bajo una temporalidad reactiva, marcada por la urgencia. Poco espacio queda para reconocer que estos incendios no son episodios excepcionales, sino parte de una normalidad construida durante décadas. La expansión de monocultivos forestales, la fragilidad del mundo rural, la falta de planificación territorial y una relación extractiva con el entorno no son factores externos al problema, sino condiciones que lo hacen posible. Sin embargo, rara vez ocupan un lugar central en el relato oficial.

Cuando la política se limita a gestionar consecuencias sin interrogar causas, el daño se despolitiza. El incendio se presenta como tragedia inevitable, no como resultado de decisiones acumuladas. De este modo, la responsabilidad se diluye y el debate público se desplaza hacia la gratitud por la ayuda recibida, en lugar de abrir una discusión sobre el modelo de desarrollo que expone sistemáticamente a ciertos territorios al riesgo.

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El lenguaje que acompaña la emergencia también merece atención. Las apelaciones a la unidad, la resiliencia y el sacrificio compartido pueden fortalecer la cohesión en momentos críticos, pero también operan como una forma de neutralización del conflicto. No todos pierden lo mismo en un incendio, ni todos cuentan con los mismos recursos para reconstruir. Sin embargo, el discurso oficial tiende a tratar esas diferencias como daños colaterales inevitables, invisibilizando las desigualdades que atraviesan la catástrofe.

Las comunidades afectadas aparecen, sobre todo, como receptoras de ayuda. Se las escucha para levantar catastros y evaluar daños, pero rara vez como interlocutoras capaces de aportar memoria, conocimiento del territorio y propuestas de fondo. Esta reducción del sujeto a objeto de intervención revela una concepción de la política donde la técnica sustituye al diálogo y la participación queda relegada a un segundo plano.

La pregunta de fondo no es si el gobierno actuó —sin duda lo hizo—, sino desde qué lógica lo hizo y qué aspectos quedaron fuera de su horizonte. Una respuesta estatal que no se permita cuestionar las condiciones que producen el desastre corre el riesgo de reproducir, bajo la apariencia de protección, el mismo orden que expone a las comunidades a la vulnerabilidad permanente.

Los incendios del Biobío y Ñuble no interpelan solo la capacidad de respuesta ante la emergencia. Interpelan el modo en que se gobierna. Mientras la política siga operando principalmente como administración del daño y no como revisión crítica de sus causas, la catástrofe dejará de ser una excepción y se convertirá en una forma habitual de relación entre el Estado y los territorios. Y eso no es solo un problema operativo, sino una falla profunda en la manera de entender la responsabilidad pública.