La derecha chilena aprendió la lección. Después de que la revuelta popular de 2019 pusiera en jaque la Constitución de 1980 y que la Convención Constitucional demostrara, con todos sus defectos, que el pacto jurídico de la dictadura podía ser discutido, sectores de la oligarquía nacional cambiaron de estrategia. Ya no se trata de defender o reformar la constitución de Pinochet. Se trata de hacerla irrelevante. El gobierno de Kast, bajo el rótulo de “Plan de Reconstrucción Nacional”, está intentando llevar a cabo un verdadero proceso constituyente por la vía económica.

Por John Zieballe Vilche

Así teoriza en sendo artículo titulado “Gobierno refundacional” , el doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Chile, Rodrigo Karmy.

En su análisis nos plantea que en el gobierno de Kast no habrá nueva convención, ni plebiscito, y que no permitirán una discusión parlamentaria sustantiva. Lo que habría es una reforma tributaria ya en despliegue que junto a un paquete de medidas adicionales apuntarían a blindar el gran capital rentista, intentando cerrar cualquier posibilidad de que un futuro gobierno progresista o de izquierda modifique el régimen tributario y de acumulación que impulsan. La apuesta sería clara: la Constitución que ellos quisieran para garantizar el nuevo reparto, se escribe ahora directamente con números, decisiones económicas y decretos como los gobiernos de Milei o antes Bolsonaro.

La burguesía no es una, son varias

No creemos que alguien un poco informado pudiese estar sorprendido por los afanes de la ultraderecha en el mundo o Latinoamérica. Sin embargo, hay asuntos que Karmy no aborda, no comprende correctamente, o quizá solo cae en el fenómeno de “la economía del pensamiento” tan usual entre nuestra izquierda, al tildar a quienes están en el gobierno como esbirros de una “oligarquía” genérica de los grandes grupos económicos, o es más, de la oligarquía rentista en particular.

No interroga el origen social del gobierno ultraderechista, no intenta comprender la composición y correlación de fuerzas al interior del bloque que accedió al poder, o las pugnas internas que pueda generar su plan ante otras fracciones de la burguesía, de la socialdemocracia o el liberalismo. Y por ello no ha logrado ver el “verdadero contenido” de la propuesta neofascista.

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Esta falencia del análisis lo ha llevado a abordar la crítica al “plan de reconstrucción” de Kast, desde una perspectiva jurídico constitucional en la cual la maniobra económica vendría de la mano de un proceso que, por la vía de la fuerza buscaría combatir “el agotamiento” y la suerte de “destitución” de la constitución pinochetista de Guzmán ocurrida por el levantamiento popular de octubre de 2019. Que a su entender, garantizaban la articulación del estado y el capital inmunizando a la oligarquía y sus privilegios.

En nuestra opinión ello ocurre porque al centrar la discusión en los procesos constituyentes previos, otorgándole el estatus de “espacios de discusión a pesar de los defectos”, demuestra no entender el papel de esos procesos como sucedáneos homeostáticos estructurales que solo buscaban apaciguar las verdaderas demandas democráticas y sociales del pueblo chileno. Es importante recordar que la idea de una asamblea constituyente no estuvo en el origen del estallido de 2019, donde la consigna inicial fue “Que se vayan todos”. Posteriormente, desde cierto sindicalismo y partidos de oposición como el PC, el PS y el FA, se impuso esta línea que traspasaba el control del movimiento desde las organizaciones territoriales y el sindicalismo radical a sus manos, para terminar desmovilizando al pueblo en las calles.

El proceso constituyente de Bachelet II que inició en 2016, tuvo su origen como respuesta a las movilizaciones estudiantiles de 2011 y fueron parte de los compromisos de programa. En rigor se trató de un experimento burocrático y oficialista, con consultas ciudadanas y cabildos, que terminó sin pena ni gloria como un breve ademan democrático, cuyo resultado fue la imposición de una agenda woke que desplazo gran parte de las demandas populares, más algunas concesiones focalizadas para responder a su origen, como la gratuidad estudiantil.

El proceso abierto con Piñera II, tuvo que ser más profundo por la masividad y profundidad de las luchas sociales que se habían iniciado el 18O, pero no fue luego apoyado consecuentemente por el gobierno de Boric que en un giro “republicano” se posicionó en el rol de garante del “evento”, sin empujar ni sostener ideológicamente el proceso. Esto generó nuevas contradicciones al interior del conglomerado de gobierno, llevando a la derrota del 1er proceso constituyente. Cabe hacerse una pregunta ¿Karmy o cualquier ciudadano creía realmente que se podía nacionalizar los recursos naturales vía constituyente? ¿Nacionalizar lo que fuese? Eso fue lo que vendieron, para terminar culpando a los votantes por no conseguirlo.

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El 2° proceso constituyente ya completamente cooptado por la clase política y económica, fue un espacio político que con maniobras muy hábiles la derecha trato de aprovechar, llegando al punto de que por medio de las reformas que incluían en la nueva carta, casi logran iniciar el proceso que hoy viene a imponer el gobierno de Kast. Más allá de eso Chile paso 4 años de constantes elecciones que termino por sepultar cualquier afán de lucha social.

En este contexto mucho se ha especulado sobre el agotamiento sistémico en general, el agotamiento electoral, sobre el declive de los acuerdos entre la clase política y la oligarquía y el estrechamiento de la gobernabilidad y la democracia, pero solo lo mencionan a propósito de procesos y resultados electorales. La democracia formal chilena y latinoamericana, sin embargo, han dado hasta ahora signos de recuperación y salud para seguir liderando los procesos de acumulación capitalista, a pesar del empoderamiento momentáneo de ultralibertarios fascistoides, traidores, o de rebeliones como las varias argentinas o la chilena. O por último nada que la represión acotada o un estado policiaco no pueda resolver. Por el momento.

Y he aquí, un último aspecto que Karmy extrañamente no explicito hablando de la mención a Portales del neofascista Kast. Si este gobierno tiene posibilidades de reprimir con mayor intensidad y eficacia las movilizaciones que puedan darse por su plan expoliador, se lo debe precisamente al gobierno de Boric. La socialdemocracia y la izquierda liberal institucional no son los defensores de la democracia frente al fascismo; fueron los encargados de gestionar el tránsito hacia una sociedad más represiva.

El famoso Duopolio o los grandes grupos económicos

Para intentar entender la operación que comenzó en marzo, deberemos dejar de hablar de la clase política, “la oligarquía” o los grupos económicos como si fuese un monolito. No toda la gran burguesía nacional ni los grupos políticos asociados a ellos ganan ni están tranquilos con este plan. Tampoco los capitales rentistas internacionales, que en un par de semanas sacaron ingentes sumas de dinero del país, en un gobierno se supone afín a su capitalización. Chile según todas las cifras económicas no sufre por el momento de un proceso de caída de la tasa de ganancia de los capitales, todo lo contrario se continúa acumulando y exportando capital.

El núcleo duro de la gran burguesía —dueños de tierras mineras, forestales, industrias energéticas ligadas a la gran minería y los grandes grupos financieros rentistas parasitarios nacionales y extranjeros, incluidas las AFP y quienes participan de esa riqueza— tienen asegurada su hegemonía en la acumulación económica desde la salida de la dictadura. A ellos no hay que convencerlos de nada; Han manejado y trabajado con todos los gobiernos posdictatoriales, y hoy con su venia o sin ella, con algún nivel de acuerdo o no, han sido desplazados del poder político por la ultraderecha. Esto no es un hecho político menor. Hasta ahora la alternancia del progresismo con la derecha siempre fue con su beneplácito, y jamás se vieron afectados ni en su control ni su acumulación de riqueza. Las cifras no mienten.

Porque el verdadero pilar económico y político de Kast es otra fracción del capital: la mediana burguesía subordinada empresarial y rentista. Grupos económicos y familiares como el del propio presidente o de sus ministros, exportadores no mineros, del retail, agroindustria, pesca, servicios, inmobiliarias, salud y educación privada, comunicaciones, de la banca. Sectores que crecieron a la sombra de los grandes grupos, que siempre quedaron relegados en las decisiones y en las ganancias extraordinarias. Son ellos los que más han resentido la concentración del poder económico y la falta de acceso al crédito barato o las platas de las AFPs. Son ellos los que hoy ven en Kast a alguien que les promete, a diferencia de Piñera que gobernó para él y los de siempre, romper el statu quo que los ha mantenido a raya. En 2 meses de gobierno con solo aumentar el precio de la gasolina, se han visto beneficiados por la inflación, la devaluación del peso, el aumento del dólar, y la subida de la UF. Porque a estos grupos económicos subordinados esta situación económica les conviene parasitariamente.

El ministro Quiroz, por poner un ejemplo vulgar, no es el abogado de la gran minería. Es el abogado de las colusiones de los pollos, el papel higiénico, las farmacias, el de las ganancias con picanterías. Su plan está diseñado para cooptar a esta mediana burguesía, ofreciéndole ventajas tributarias, desregulación laboral y participación en las decisiones a cambio de lealtad política para mantenerse en el poder. De todos modos la relación es simbiótica, ese capital subvenciono, condiciono estos grupos de ultraderecha y los llevo al poder político. No es un blindaje de los grandes capitales rentistas o de un supuesto quiebre de la legitimidad de la constitución de Pinochet; en lo central se trata de una redistribución forzada de la acumulación de riqueza, a través de la sobreexplotación del trabajo y la naturaleza, al interior de la propia burguesía, que requería el poder político y la fuerza del estado.

La DC, Fa, el PC y el PS se oponen, pero el PDG pone los votos

Veamos el accionar del gobierno saliente ahora oposición. En el Congreso la Democracia Cristiana votó en contra del plan Kast. Pero su voto fue un gesto moral calculado y sin consecuencias, pues ya sabían que el Partido de la Gente (PDG) les daría los votos al gobierno para aprobarlo. Algo similar ocurrió con el FA, el PC, el PS, PPD, FRVS. Aunque en general todos ellos no solo se opusieron por el “pobre pueblo” que “representan”, sino porque ellos son agentes de otros intereses económicos en la acumulación nacional y trasnacional.

Eso quedo claro con el regalo de la estrategia nacional del Litio, la bajada de pantalones con el Royalty minero, su deflexión ecologista, la firma de los tratados TPP11 o el traspaso millonario a las AFPs y aseguradoras del Gobierno de Boric. Busquemos allí quienes eran sus verdaderos patrones.

El PDG, en cambio, partido bisagra que representa a sectores populares y profesionales despolitizados y a la pequeña burguesía empobrecida, demostró una vez más que su única lealtad es a la prebenda. Que son una operación de engaño social político electoral, como lo es el socialismo democrático, amarillos, demócratas, Evopoli o MEO. Así funciona la ingeniería parlamentaria del capital: unos se compran, otro sector se posiciona para las próximas elecciones, el otro ejecuta el ajuste.

Descomposición social como estrategia

El plan de Reconstrucción Nacional, como vemos, no se limita a la cuestión impositiva como forma de garantizar ganancias a un grupo monolítico del capital nacional. Sería una locura que esa sea todo el plan. Más bien apuesta por la sobreexplotación del trabajo y la naturaleza bajo la tutela de una nueva y voraz fracción de los grupos económicos nacionales: salarios reales a la baja, flexibilidad laboral extrema, arrasamiento de territorios sin consulta ambiental, aumento del costo de la vida.

Suponemos que ellos saben que la implementación de su plan generara inevitablemente reacción social. Por eso es importante entender quienes blindaron policialmente al estado. El gobierno de Boric, empleados ellos sí, del gran capital nacional e internacional. Más allá de eso, la derecha confía en que esa reacción si ocurre, será localizada, fragmentada y reprimible.

Más aún, la actual administración no solo tolera la descomposición social (violencia, narcotráfico, crisis de salud mental, desintegración familiar); la estimula como mecanismo de control. Una sociedad que se desarma es una sociedad que no se organiza. El miedo, la precariedad y la desconfianza impiden la formación de sujetos colectivos estables. Disciplinamiento del sentido común por precariedad, temor o la fuerza. Esa es otra parte de la apuesta, aún más importante que un estado policial: descomponer para dominar a largo plazo.

¿Hay posibilidades de poner límites?

La historia nos enseña que este tipo de estrategias tiene un punto de quiebre, aunque sea espontaneista. En Argentina el 2001 la protesta social logro sacar a De La Rúa. 25 años después tienen a Milei!. En Chile la revuelta de 2019 fue un claro ejemplo: nadie la anticipó, mucho menos en su magnitud.

El descontento acumulado durante décadas encontró un detonante y se desbordó. Kast hoy puede ganar tiempo con el actuar solapado de su gobierno, con su no-comunicación efectiva, con el extenso trabajo de control de los medios de comunicación, pero las contradicciones y aprendizajes que quedaron de ese proceso no desaparecieron, se acumularan junto a las que su gobierno provoque: La caída del consumo, las quiebras de pymes, la cesantía, los conflictos ambientales, el desgaste de la alianza gobernante, la pérdida de legitimidad del “orden” por la represión… todo eso les puede pasar la cuenta.

¿En qué condiciones el gobierno neofascista de Kast podría entrar en crisis?

Por aquí es donde toma relevancia el análisis de los sectores en el poder. Ante la eventualidad del aumento de la lucha social, conocer los sectores de la burguesía que son beneficiados y afectados por este gobierno, o conocer las posiciones políticas de cada uno de ellos, ayuda a planificar las posibilidades de los desposeídos a resistir el embate y a intentar debilitar el gobierno de Kast para comenzar a empujar nuevamente hacia el otro lado.

Primero, una cosa es la base social del Kastismo, y otra son sus verdaderos acreedores. Medianos y pequeños empresarios (comerciantes, transportistas, pequeños agricultores, profesionales independientes, sectores inmobiliarios) el sector rural y agrícola, sectores conservadores de la sociedad, clase media proletarizada y sectores populares pauperizados, que constituyen lo más importante de la base social del neofascismo criollo, sostienen intereses distintos al de las facciones de la burguesía subordinada empresarial y rentista que impulsan el proyecto de “reconstrucción” a través de la ultraderecha.

Es decir, su propia base social sufre la competencia desleal de los grandes grupos, el endeudamiento, la presión tributaria, la falta de acceso al crédito, y sufrirá el embate sobreexplotador del trabajo. La nueva concentración económica los pondrá contra la pared y con ellos a miles de trabajadores.

Si los sectores burgueses que están detrás del gobierno de Kast, incluidos los sectores de la derecha tradicional que apoyan “haciéndose los lesos” como RN o la UDI, ven que este comienza a desdibujarse políticamente perdiendo posibilidades de continuar un segundo mandato derechista, o si más importante, no logran beneficios rápidos para los sectores que los han puesto en el poder, comenzaran a poner en duda su apoyo.

Y aunque no lo parezca, a la gran burguesía nacional la idea de un gobierno policial nunca les ha agradado mucho, pues nunca lo han necesitado para acumular. No por nada, de 37 años de “democracia” han gobernado 29 de la mano de la DC y la socialdemocracia liberal, hasta el PC y 4 con la derecha tradicional. Sin embargo, la condición de un estado fallido, pondría al país y su economía en una posición internacional difícil que sí los afectaría. A través de medios como El Mercurio ya han comenzado a aleccionar a los ministros de Kast. Recordemos que ellos también estuvieron detrás del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”.

Por ahora, muy rápidamente, solo los escolares y algunos gremios están comenzando a comprender la magnitud y la esencia del “plan de reconstrucción” ultraderechista, y han salido a manifestarlo junto a pequeñas orgánicas políticas de izquierda que aún existen.

Así las cosas, un plan político para abordar la desposesión que se proponen a nuestro parecer solo debería considerar acciones que permitan acumular fuerzas y ojalá propinar algún tipo de derrota central concreta a la facción de la burguesía tras el gobierno de Kast. La idea de maniobra es ponerlos rápidamente a la defensiva y profundizar la inestabilidad política que han mostrado tener.

El movimiento ecologista, los estudiantes movilizados y sectores gremiales como la salud y el profesorado son los inicialmente más afectados, y los que en rigor deberían ir a la vanguardia de la respuesta.

Muchos intereses económicos de este políticamente precario nuevo bloque en el poder, están en esas áreas de interés.

Hoy más que nunca la diferencia entre que la descomposición social derive en más anomia o en procesos organizativos en defensa de los intereses de los postergados, depende de un factor clave: la existencia de organización, plan y dirección política. Hay posibilidades, es de esperar que todos los involucrados lo comprendamos lo más pronto posible.