La y el autor de esta columna, plantean cuestionamientos a la gestión del Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa, en un año marcado por una balacera en uno de sus establecimientos y el reciente anuncio de la reducción de la planta docente.

Por Ramiro Troncoso y Danitza Valenzuela 

No es desconocido que la educación chilena arrastra, desde hace décadas, una crisis estructural profunda, sostenida y deliberadamente ignorada. Infraestructura en condiciones indignas, malversación de fondos públicos, inestabilidad laboral permanente y una crisis de salud mental. El deterioro de esta configura un escenario crítico que no solo persiste, sino que se agudiza ante la incapacidad —y falta de voluntad— del Estado y de la sociedad para hacerse responsables de las consecuencias de políticas erráticas, especialmente desde la pandemia.

Hoy nos enfrentamos a una nueva y grave coyuntura, marcada por el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de la educación pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa. Este organismo, creado para reemplazar a los antiguos DAEM de Coronel, Lota, San Pedro de la Paz y Santa Juana, prometía fortalecer la educación pública; sin embargo, en la práctica ha demostrado ser una nueva capa burocrática que reproduce las mismas lógicas de precarización, centralización y desprotección laboral.

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A menos de un año de su implementación en el territorio, el SLEP Andalién Costa exhibe graves falencias de gestión, decisiones improvisadas y promesas incumplidas. Uno de los hechos más violentos y traumáticos para nuestras comunidades educativas fue la balacera en el colegio Nuevos Horizontes. Estudiantes, profesionales y asistentes de la educación fueron obligados a enfrentar esta situación en total abandono institucional, amparados únicamente en la excusa administrativa del “retorno a clases”, sin resguardo real, sin contención oportuna y sin respeto por el daño vivido.

¿Cómo respondió el Estado frente a este hecho de extrema gravedad? Con medidas cosméticas e insuficientes. Programas como Habilidades para la Vida, la eventual disponibilidad de un psicólogo en caso de colapso y una salida pedagógica improvisada fueron presentados como respuestas, aún cuando no cumplían —ni remotamente— con estándares mínimos de reparación, acompañamiento ni protección efectiva para una comunidad víctima de violencia armada, entregándola nuevamente a la inseguridad.

El director ejecutivo del SLEP Andalién Costa, Ramón Jara Zavala, sostuvo públicamente un discurso de acompañamiento y protección. Dichas palabras quedaron rápidamente en evidencia como un gesto vacío. En lugar de atención, contención y reparación, fuimos forzados a participar en capacitaciones orientadas a “protocolizar” una eventual nueva balacera, a menos de un mes de ocurrido el hecho, revictimizando a quienes aún no lograban procesar el trauma. La condición de víctimas simplemente no tuvo cabida en el razonamiento institucional, donde prima el cumplimiento administrativo por sobre la dignidad humana.

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Hoy se nos habla de austeridad. Pero cabe preguntarse con claridad: ¿De qué austeridad hablamos? Los recortes se aplican de manera silenciosa y a espaldas de los trabajadores y trabajadoras, afectando directamente a quienes sostienen cotidianamente las comunidades educativas. Personas que no abandonaron sus funciones, que acompañaron a estudiantes y familias en contextos de extrema vulnerabilidad hoy cargan con graves secuelas en su salud mental.

Mientras se instala el discurso del ajuste fiscal, el sueldo del director ejecutivo —cercano a los 10 millones de pesos mensuales— no es objeto de cuestionamiento ni revisión. En paralelo, se proyectan más de 200 despidos a contrata y 150 desvinculaciones de funcionarios titulares, configurando un escenario de precarización extrema que contradice abiertamente cualquier discurso de fortalecimiento de la educación pública.

Esta no es una política de austeridad: es una decisión política que vuelve a cargar el costo del fracaso del sistema sobre quienes educan, cuidan y sostienen día a día la educación pública en los territorios, ante lo que es sumamente urgente la necesidad de forjar e implementar una estabilidad laboral para poder mantener un compromiso no solo con los proyectos educativos, sino que también con el ejercicio docente.