El autor de esta columna aborda las críticas que se lanzan contra la decisión del SLEP Andalién Costa que conllevaría el despido de cientos de docentes, planteando que "si permitimos que en Andalién Costa se normalice la idea de que la educación pública se financia a costa de la estabilidad de los profesores mientras se mantienen privilegios gerenciales, habremos fracasado como sociedad".

Por Fernando Pérez Tapia*|  PhD (c) en Educación y Liderazgo | Presidente de la Fundación para la Gobernanza y Gestión Educacional | Experto en Auditoría Forense y Compliance

Mientras las vitrinas comerciales se iluminaban para las fiestas de fin de año, en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa se apagaba la tranquilidad de cientos de familias docentes. La notificación de despidos masivos a profesores en vísperas de Navidad no es solo una medida administrativa inoportuna ni un simple "ajuste de dotación"; es la manifestación clínica de una enfermedad que está corroyendo los cimientos de la Nueva Educación Pública en Chile. Lo que ocurre en el Biobío es el síntoma terminal de un modelo de gobernanza que ha extraviado su brújula ética y técnica.

Como auditor forense con décadas de experiencia investigando irregularidades corporativas en América Latina, he aprendido a identificar lo que llamamos "banderas rojas" en la gestión. Y en Andalién Costa, las alarmas no dejan de sonar. La prensa regional y nacional ha destapado una contradicción que resulta obscena para la opinión pública y técnicamente injustificable para cualquier experto en control de gestión: la existencia de una "austeridad selectiva".

La asimetría de la vergüenza

Los reportes son contundentes: se está ejecutando un recorte agresivo en la planta docente y una reducción proyectada de horas pedagógicas en el Plan Anual 2026. Es decir, se está metiendo la tijera en el "core business" de la institución: el aula, la enseñanza, el tiempo de aprendizaje del estudiante. Sin embargo, en un giro que desafía toda lógica de probidad, se blinda y mantiene una estructura de alta dirección cuya remuneración supera los 10 millones de pesos mensuales.

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Desde la perspectiva del Compliance y la Auditoría Forense, esta desproporción no es un error de cálculo; es un indicio de captura institucional. Estamos frente a una administración que prioriza su propia supervivencia financiera y burocrática por sobre la misión crítica para la cual fue creada. Cuando un servicio público paga sueldos de gerencia multinacional mientras despide a quienes prestan el servicio esencial, estamos ante una malversación moral de los recursos del Estado.

El sostenedor como garante, no como verdugo

En la Fundación para la Gobernanza y Gestión Educacional (Fundación GEC), hemos desarrollado estándares claros: el sostenedor no es una caja pagadora ni una agencia de empleos. Es el garante institucional del derecho a la educación.

La Ley 21.040 prometió desmunicipalizar para profesionalizar, para sacar la educación del vaivén político y dotarla de una gestión técnica de excelencia. Sin embargo, la realidad de Andalién Costa nos muestra lo contrario. El Colegio de Profesores ha tenido que salir a las calles a "defender la educación pública", una defensa que no debería ser necesaria si la gobernanza funcionara.

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¿Bajo qué matriz de riesgos se justifica debilitar la capacidad docente en un país que enfrenta una crisis de reactivación educativa post-pandemia? ¿Cómo se alinea el "Plan Anual 2026" con los estándares de calidad si su premisa es reducir horas de enseñanza?

Urgencia de una intervención forense

No basta con explicaciones políticas ni con comunicados de prensa lamentando la situación. La gravedad de los hechos exige una auditoría de gestión externa y forense. Se debe revisar la racionalidad del gasto corriente versus el gasto en remuneraciones directivas. Se debe auditar si las decisiones de desvinculación responden a criterios pedagógicos objetivos o a la necesidad de cuadrar una caja desfalcada por una administración ineficiente.

La gestión moderna, aquella que enseñamos en las universidades y promovemos en el Manual GEC, se basa en la integridad. La probidad pública no es solo "no robar"; es gestionar con justicia, equidad y poniendo el interés general —el del estudiante— por sobre el particular.

Si permitimos que en Andalién Costa se normalice la idea de que la educación pública se financia a costa de la estabilidad de los profesores mientras se mantienen privilegios gerenciales, habremos fracasado como sociedad. La educación pública se defiende con coherencia, y hoy, esa coherencia brilla por su ausencia en la gestión de este Servicio Local.

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*Sobre el Autor

Fernando Pérez Tapia PhD (c) en Educación y Liderazgo | Contador Auditor con mención en Investigación de Delitos Economicos | Doctor Honoris Causa | MBA | Licenciado en Educación | Registro CMF (Comisión para el Mercado Financiero de Chile) N° 1163 como Inspector de Cuentas y Auditor Externa. Especilista Experto en Auditoría Forense, Compliance y Gestión Educacional, con más de 20 años de experiencia profesional, 15 de ellos dedicados a la prevención, detección e investigación de fraudes financieros y delitos económicos en organizaciones públicas y privadas de América Latina.

Ha liderado procesos de Auditoría Forense a nivel nacional e internacional, incluyendo empresas vinculadas al Caso Odebrecht en Perú.

Fundador | Presidente de la Fundación Internacional de Auditores Forenses Certificados y de la Fundación para la Gobernanza y Gestión Educacional, que promueven una cultura ética, técnica y transformadora tanto en el sector público como privado. Socio Fundador de la firma internacional P&H Morgan.

Además, complementa su formación con un Máster en Compliance Officer, estudios en Ingeniería Informática y un Máster en Inteligencia Artificial Empresarial, junto a certificaciones en ISO 37001, transformación digital, protección de datos, control interno y más.

Autor del libro “Manual de Auditoría Forense” y conferencista en Chile, Perú, Colombia, México y España. También docente en programas de postgrado en la Universidad de Chile (para la Contraloría General de la Republica), Universidad de Concepción y Universidad Bernardo O'Higgins.