Cintas negras y convocatorias a "reflexionar" marcaron la semana en buena parte de los establecimientos escolares del país ante el asesinato de una asistente de la educación en manos de un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezata de Calama.

Aniceto Hevia

No obstante, la realidad pareciera ridiculizar estos actos. Sólo en esta semana, en el Liceo de Hombres Manuel Montt, en uno de sus baños fue escrito: “Tiroteo el martes 07/04/26″. También en uno de los baños sel Colegio Salesianos de Linares, fue rayado: “Mañana jueves tiroteo!!”. En en el Liceo de Ralco y la escuela E-970 de la comuna de Alto Bíobío, así como en los liceos A14, B13, y escuela F94 de Antofagasta igualmente se registraron amenazas.

Las mencionadas cintas negras y los llamados a reflexionar respecto a la necesidad de cuidar la convivencia en las escuelas se evidencian en su ineficacia, como ocurriría con cualquier intento moralizante anticuado. Su obsolescencia radica en que están basados en una premisa falsa: que los actos violentos constituyen un problema originado estrictamente en la voluntad del sujeto, desconociendo que son manifestaciones de un estado anímico y condiciones de vida que propician su emergencia.

Por mucho tiempo los establecimientos escolares operaron a través una promesa de progreso individual y colectivo. La certificación y los saberes ahí obtenidos eran imprescindibles para hacer una carrera que posibilitaba a sus asistentes acceder a la denominada "movilidad social". Las posibilidades estaban en el empleo público de un Estado en desarrollo o en la industria pujante de mediados del siglo 20. Hoy, una cada vez menor proporción de la población nacional cree que su vida futura será mejor que su presente, más aún, confiar en ello parece una candidez. Una proporción creciente de estudiantes visualiza como alternativas para conseguir el acceso al consumo anhelado la realización de múltiples actividades que en cualquier momento de su ejercicio se entroncan con el delito.

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¿Por qué habría de ser distinto? El reciente informe de desempleo del INE estimó que la tasa de ocupación informal es de 26,5%, o sea, más de la cuarta parte de la población laboralmente activa carece de garantías básicas como pago de días de reposo médico, vacaciones, una relativa seguridad salarial, entre otras. La última Encuesta Suplementaria de Ingresos disponible, referida a 2024, determinó que el 68,3% de las personas ocupadas recibió ingresos menores o iguales a $897.019, mientras que para la mitad fue de menos o igual a $611.162. Todos estos montos resultan insuficientes si se considera que gran parte de los servicios y productos imprescindibles no sólo deben ser pagados, sino que han experimentado un ostensible aumento en su precio, especialmente estos últimos días. Más aún, la probabilidad de disputar conquistas se vuelve cada vez más remota si se considera que, según la misma institución, el total de sindicalizados asciende a 1.019.314 personas, es decir, a penas un 10% del total de las y los trabajadores del país.

En este contexto, ¿cuál es el lugar de las escuelas? Como lo advertía Iván Illich, el sistema escolar impone una ritualización sobre distintos actos, lo hace desde sus orígenes, el problema radica en que la compensación de someterse a este conjunto de prescripciones hoy no existe. En este escenario, las escuelas, sobre todo las públicas y particular subvencionadas a las cuales concurre la población empobrecida del país, están en un laberinto donde continuar por los derroteros ya delimitados sólo propiciará un extravío mayor.

Remontar este momento histórico será difícil. Muy difícil, considerando además que el gobierno de José Kast contempla imponer un recorte presupuestario que hará más precario y sufrido el funcionamiento de cada institución, así como legitimará de un modo inédito las prácticas despóticas y autoritarias que ya venían en ascenso, sobre todo con entrada en funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

A pesar de los obstáculos, replantear el funcionamiento escolar bajo un ideario democrático y pedagógico resulta imprescindible. Se hace ineludible reconocer que el esquema escolar vigente, en primer lugar, no promueve la exploración cognitiva, el sentido de responsabilidad y el establecimiento de acuerdos para la resolución de problemas que trasciendan hacia la búsqueda del bien común. Por último, es imperante considerar que mientras la educación no esté imbricada con un proyecto de soberanía productiva nacional que se traduzca en planes regionales, provinciales y comunales, las escuelas y liceos seguirán funcionando por intereses muy pedestres: ser guardería en horario laboral y dar comida, cada vez menos y peor, por cierto.

En este escenario, la frustración se agranda y la odiosidad, ante todo lo que integre este insultante simulacro educativo en jornada escolar completa, se vuelve incontenible. Así, cualquier acción, cahuín y enredo de baja estofa resulta más atractivo que lo que hay por aprender. Y las agresiones, alguna vez ocasionales, se van convirtiendo en las válvulas recurrentes por donde emana esta animadversión difusa que señala enemigos donde hay compañeros y encuentra jefes en sus propios verdugos.