La autora de esta columna invita a la reflexión señalando que "mientras confundamos cancelación con transformación, seguiremos atrapadas en una política de escenas morales, de alivios rápidos y de derrotas estructurales. Gritaremos mucho. Señalaremos con precisión quirúrgica. Cancelaremos con fervor. Pero el tablero seguirá intacto. Y el dolor, ese dolor que creemos haber castigado en un cuerpo concreto, volverá una y otra vez, recordándonos que borrar no es cambiar".

Por Verónica Aravena Vega | Doctora en Estudios de Género y Política

Hay algo profundamente seductor en la idea de la cancelación. Una escena nítida, un culpable identificable, una comunidad que señala con el dedo y una sensación —breve pero intensa— de justicia cumplida. Como si el mundo, por un instante, se ordenara. Como si el dolor encontrara un rostro y, al encontrarlo, se resolviera. Y, sin embargo —y aquí asumo una posición, no una sentencia— yo creo que cancelar no es lo mismo que transformar. Al menos no necesariamente. Confundir una cosa con la otra es, a mi juicio, uno de los grandes equívocos políticos de nuestro tiempo.

Empecemos por despejar el terreno. ¿Qué es cancelar y qué no lo es? Cancelar no es simplemente criticar. No es señalar una conducta injusta ni denunciar un abuso. No es acusar públicamente a quien ha ejercido violencia o discriminación. Tampoco es lo mismo que censurar, aunque a veces se superpongan. La censura implica una prohibición institucional: un poder formal que silencia desde arriba. Cancelar no es eso. Cancelar es retirar legitimidad social, organizar una expulsión simbólica, convertir a un sujeto en el lugar donde se concentra el conflicto. No se discute solo lo que hizo; se pone en cuestión su derecho a estar.

Se puede denunciar sin cancelar. Se puede condenar una acción sin pretender anular al sujeto entero. La cancelación, en su versión más extrema, no discute un discurso: busca desactivar a quien lo enuncia y clausurar la posibilidad misma de que ese alguien siga hablando. Hay, detrás de esta práctica, una cierta epistemología tan ingenua como peligrosa: la creencia de que si eliminamos al sujeto, eliminamos el problema. Como si el racismo fuera el racista; el machismo, el machista; la desigualdad, el clasista. Como si el conflicto estuviera alojado en una biografía y no en una estructura.

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Ahí empieza el problema político de fondo. Porque cuando creemos que el mal está encarnado en individuos moralmente defectuosos, reducimos la opresión a una cuestión de conducta. Y si es una cuestión de conducta, entonces la solución es disciplinari: castigar, expulsar, borrar. Lo que desaparece de la escena es la pregunta estructural. Lo que se evapora es el análisis de las condiciones que producen esas conductas y las hacen sistemáticas.

Pensemos en algo concreto: una gran empresa tecnológica despide a un directivo por comentarios sexistas hacia sus colegas. La decisión puede ser justa. Puede ser necesaria. Pero si los procesos de promoción siguen favoreciendo a hombres sobre mujeres, si la cultura interna normaliza la desvalorización de las voces femeninas, si los espacios de liderazgo siguen concentrados en quienes reproducen estereotipos de género y si pese al despido se siguen reproduciendo lógicas de abuso, entonces el despido no tocó el corazón del problema. La persona se fue.

La estructura permaneció intacta.

Por eso la derecha se lamenta tanto. O, mejor dicho, por eso finge lamentarse tanto. El lamento hipócrita de los conservadores frente a la cultura de la cancelación es uno de los espectáculos más rentables de la temporada. Se presentan como víctimas de una turba intolerante, como guardianes heroicos de la libertad de expresión. Pero esa sobreactuación no es ingenua. A la derecha le conviene este desplazamiento cultural del conflicto. Prefiere mil veces una guerra simbólica a una disputa material. Prefiere que discutamos la cancelación de un profesor antes que el patriarcado o la precarización laboral. Prefiere que el antagonismo se juegue en el plano moral antes que en la desigualdad estructural.

Como advertía Stuart Hall, la hegemonía se disputa en el terreno cultural, sí, pero la transformación requiere articulación con lo material.

Cuando el conflicto queda atrapado en escándalos individuales, pierde espesor estratégico. La derecha puede denunciar la “dictadura woke” mientras respalda reformas que profundizan la desigualdad. Puede llorar por un columnista funado mientras defiende privilegios económicos. El ruido cultural tapa la redistribución regresiva.

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Ahora bien, no todo señalamiento es un error político. Cuando Rosa Parks se negó a levantarse del asiento que la segregación le imponía, interrumpió una normalidad injusta. Cuando el movimiento Me Too rompió el pacto de silencio que protegía abusadores, produjo consecuencias institucionales reales. Cuando en América Latina se escrachó a represores que caminaban impunes, no se estaba haciendo moralismo: se estaba presionando políticamente ante la impunidad judicial.

En esos casos, la interpelación pública no fue una purga moral; fue una estrategia frente a una estructura que protegía la violencia. La diferencia no está en la intensidad del gesto, sino en su dirección. Una práctica emancipatoria no se agota en la exposición del culpable; abre un conflicto que apunta a transformar las condiciones que hicieron posible la violencia. No cancela el conflicto político; lo organiza, lo desplaza hacia la estructura.

El problema aparece cuando la cancelación sustituye a la política. Cuando creemos que señalar a alguien equivale a transformar la realidad. Hay algo profundamente tranquilizador en poder enfrentar de manera directa a un sujeto y pensar que ahí resolvemos algo. Esa escena nos da una sensación de victoria. Alguien paga. Pero esa satisfacción puede ser engañosa.

Aquí hay una impotencia política que conviene mirar de frente. Cuando no podemos impugnar con eficacia las estructuras que generan explotación, racismo o patriarcado, la cancelación aparece como gesto compensatorio. No podemos transformar el modelo de pensiones, pero podemos hundir a un ejecutivo en redes. No podemos modificar la concentración mediática, pero podemos convertir a un periodista en trending topic negativo. No podemos alterar el régimen de propiedad, pero podemos expulsar simbólicamente a un empresario.

La escena moral reemplaza al conflicto estructural. Y nos sentimos, por un momento, menos impotentes. Pero esa confusión tiene un costo. Porque si no atendemos las dimensiones estructurales del dolor, estamos condenados a su repetición infinita. Cambiarán los nombres, no las condiciones. El machista cancelado será reemplazado por otro. El racista expuesto será sucedido por otro. El algoritmo seguirá priorizando discursos de odio porque generan tráfico. El mercado seguirá premiando la polémica porque monetiza la indignación.

La cancelación entiende —o quiere entender— que todo el dolor puede probarse en una escena concreta, en una persona concreta. Como si el conflicto pudiera agotarse en una biografía.  

Como si la historia se resolviera en una cronología digital. Aquí entra otra cuestión central: la fecundidad del conflicto. Lo político —como insistía Chantal Mouffe— es constitutivamente conflictivo. No hay emancipación sin antagonismo. El problema de la cancelación no es que haya conflicto; es que lo empobrece. Lo reduce a una confrontación moral entre individuos. Lo convierte en un duelo donde el objetivo es eliminar al adversario del espacio común, no disputar con él las reglas del juego. Y cuando el adversario desaparece, también desaparece la posibilidad de transformación estructural. Porque el conflicto productivo no es el que elimina, sino el que obliga a redefinir condiciones. No se trata de suprimir antagonismos, sino de organizarlos políticamente.

Además, hay que tener cuidado con la individualización de la opresión. Cuando pensamos que el problema son los “malos sujetos”, convertimos lo político en moral. Y eso tranquiliza. Si todo es ética personal, basta con depurar. Pero si el problema es estructural, la tarea es mucho más incómoda: redistribuir poder, modificar leyes, alterar jerarquías. La cancelación tiende a organizar el mundo en un esquema binario: nosotros o ellos. Esa lógica moviliza, sí. Pero también estrecha. Encierra la potencia emancipatoria en fronteras identitarias rígidas. Y la tradición emancipatoria nunca fue eso.  Fue siempre un intento de construir un sujeto político más amplio que su herida. No una identidad pura que se protege, sino una articulación que conecta luchas. 

Hay algo más inquietante todavía. A veces, la práctica cancelatoria reproduce la misma lógica persecutoria que históricamente se ejerció contra mujeres, migrantes o disidencias: exposición pública, señalamiento, expulsión del espacio común. Cambia el signo ideológico; la forma permanece. Y las formas producen mundo. Una política emancipatoria debería cuidar sus dispositivos. No por corrección moral, sino por estrategia histórica.

Cancelar no es transformar. Transformar exige sostener el conflicto, no eliminarlo.  Exige reconocer que el antagonismo no se resuelve borrando sujetos, sino disputando estructuras. Exige pasar de la escena moral a la construcción política. Exige aceptar que el dolor no se agota en una biografía y que la justicia no se mide en reputaciones destruidas, sino en vidas efectivamente más vivibles. La fantasía de la cancelación es que el mundo puede limpiarse. La tarea de la transformación es mucho más incómoda: reorganizarlo. Y eso implica conflicto, sí. Pero un conflicto fecundo. No el que tranquiliza porque elimina al otro, sino el que incomoda porque nos obliga a cambiar las reglas. 

Mientras confundamos cancelación con transformación, seguiremos atrapadas en una política de escenas morales, de alivios rápidos y de derrotas estructurales. Gritaremos mucho. Señalaremos con precisión quirúrgica. Cancelaremos con fervor. Pero el tablero seguirá intacto. Y el dolor, ese dolor que creemos haber castigado en un cuerpo concreto, volverá una y otra vez, recordándonos que borrar no es cambiar. Que expulsar no es redistribuir.  Que silenciar no es emancipar. Que la verdadera transformación —la que toca instituciones, leyes y distribución de poder— nunca ha sido cómoda. La pregunta no es si cancelamos o no. La pregunta es qué tipo de conflicto estamos dispuestas a sostener.