En el ámbito de la auditoría forense y el control de gestión, existe un axioma ineludible: el presupuesto es la expresión financiera de las prioridades estratégicas. Cuando una organización inyecta recursos extraordinarios en un sistema, la expectativa técnica, política y ética es observar una mejora correlativa en los indicadores de desempeño. Sin embargo, la reciente radiografía entregada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) revela una anomalía que, en cualquier directorio corporativo, activaría una intervención inmediata: los inputs financieros se han cuadruplicado, pero los outputs de calidad educativa se mantienen congelados o en deterioro.

Por Fernando Pérez Tapia / Presidente de la Fundación para la Gobernanza y Gestión Educacional (Fundación GEC)

​Estamos frente a una ecuación fallida que no solo desafía la lógica económica, sino que compromete la fe pública en la reforma más importante de las últimas décadas.

​La Anatomía de la Disparidad: $415.000 vs $114.000

​Los datos son lapidarios y configuran lo que en auditoría denominamos una "inconsistencia material grave". Mientras la educación municipal opera con un promedio de $114.000 por alumno, los SLEP disponen de aproximadamente $415.000. Estamos hablando de una inyección de recursos casi un 400% superior.

​Si aplicáramos los principios de Gestión Basada en Datos que promuevo en el Manual de Gobernanza Educacional y Compliance, deberíamos observar en los SLEP una infraestructura de vanguardia, materiales pedagógicos de primer nivel y una planta docente robusta y motivada. Sin embargo, la realidad reportada es diametralmente opuesta: resultados estancados en la PAES, crisis de infraestructura y conflictos laborales latentes.

​La pregunta que surge desde la técnica es: ¿Dónde está la diferencia de $300.000 por alumno?
​Si el dinero no está en el aula, y los resultados académicos son de "cero impacto", la única explicación plausible desde la teoría del control interno es que los recursos están siendo absorbidos por una estructura administrativa ineficiente. Hemos reemplazado la gestión municipal por una "grasa burocrática" centralizada que consume el presupuesto en su propia operatividad antes de que este pueda generar valor público.

​El Espejismo de la Desmunicipalización

​La promesa de la Nueva Educación Pública (NEP) fue profesionalizar la gestión para devolver la dignidad a la enseñanza. Se nos dijo que, al sacar la educación de los municipios, se acabarían los vicios políticos y la precariedad financiera. No obstante, al analizar la ejecución presupuestaria de los SLEP bajo la lupa del Compliance, observamos que los vicios no desaparecieron; simplemente cambiaron de rut y aumentaron su costo.

​Lo que los alcaldes denuncian como "plata que se queda en las oficinas" corresponde técnicamente a una desviación del Propósito Institucional. En el Modelo GEC, establecemos que toda decisión financiera debe tributar al aprendizaje del estudiante. Cuando se gasta más en coordinadores, asesores y niveles jerárquicos intermedios que en el fortalecimiento pedagógico directo, se rompe la cadena de valor.
​Estamos construyendo una superestructura administrativa gigante con pies de barro pedagógicos. Un sistema que paga sueldos de mercado a sus directivos pero entrega resultados de crisis a sus estudiantes es, por definición, un sistema con una gobernanza fallida.

​La Necesidad de una Auditoría Forense de Gestión

​Ante un escenario de "inversión fallida", la respuesta no puede ser política ni retórica. Se requiere una intervención técnica de alto nivel. Como experto en la materia, sostengo que no basta con revisar si las facturas cuadran (auditoría financiera tradicional); necesitamos una Auditoría Forense de Gestión.

​Urge aplicar una "autopsia administrativa" a los SLEP operativos para responder preguntas incómodas:

1. ​Eficiencia del Gasto Corriente: ¿Qué porcentaje real del presupuesto llega al establecimiento educacional y cuánto se queda en el Nivel Central del Servicio Local?

2. ​Pertinencia de las Contrataciones: ¿Están los perfiles directivos y administrativos alineados con las necesidades reales de las escuelas, o se han duplicado funciones innecesariamente?

3. ​Matriz de Riesgos de Corrupción: Al centralizar las compras y licitaciones, ¿se han generado economías de escala reales o se han creado nuevos focos de ineficiencia y sobreprecios?

​Conclusión: Ética y Responsabilidad Fiscal

​Seguir inyectando recursos a un modelo que ha demostrado "cero impacto" en la calidad académica no es una política de Estado; es un despilfarro fiscal.

​La educación pública se defiende con probidad, técnica y resultados, no con cheques en blanco. Si no corregimos esta asimetría ahora, aplicando estándares rigurosos de accountability y rediseñando los procesos de control, la Nueva Educación Pública corre el riesgo de convertirse en una tragedia financiera: el sistema más caro de nuestra historia con los mismos resultados precarios de siempre.
​Los estudiantes de Chile no pueden seguir financiando con su futuro la ineficiencia de nuestra burocracia. Es hora de que la gobernanza sirva a la pedagogía, y no al revés.

​Sobre el Autor
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Fernando Pérez Tapia PhD (c) en Educación y Liderazgo | Contador Auditor e Inspector de Cuentas Registro CMF N° 1163. Con más de 20 años de experiencia, es especialista en Auditoría Forense, Compliance y Gestión de Riesgos en América Latina. Es Fundador y Presidente de la Fundación para la Gobernanza y Gestión Educacional (Fundación GEC) y autor del libro “Manual de Auditoría Forense”. Su trabajo se centra en promover la integridad técnica y ética en la administración de organizaciones educativas.