La declaración del Humedal Rocuant-Andalién como humedal urbano por parte del Ministerio del Medio Ambiente desató críticas del gran empresariado del Gran Concepción, cuyos gremios acusaron impactos en la inversión y pidieron revisar la medida. La protección del ecosistema —clave para aves migratorias— además dejó fuera cerca de 200 hectáreas del humedal que se extienden hacia Penco.

Por equipo editorial de Resumen.cl

Este viernes el Ministerio del Medio Ambiente finalmente declaró como humedal urbano al Rocuant-Andalién, una categoría que podría significar una mayor protección al ecosistema.

El Humedal Rocuant-Andalién es conocido por la población del Gran Concepción, siendo uno de los más relevantes y diversos en su conformación de ambientes, además de ser un ecosistema esencial para las aves migratorias que llegan al lugar.

Sin embargo, la resolución del MMA no consideraría la totalidad del humedal, dejando fuera la protección de hectáreas extendidas hacia Penco y abordando solo lo que es Talcahuano, dejando fuera poco menos que 200 hectáreas.

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Pero este no ha sido el único problema. El gran empresariado del Biobío ha golpeado la mesa nuevamente con el manoseado discurso de la inversión en la región y ha solicitado a las autoridades que ingresarán esta semana a la administración del Estado que revisen la medida.

A través de un comunicado público, las empresas agrupadas en CPC Biobío, CORMA, Pescadores Industriales del Biobío, Socabio, ASEM, Pymemad , IRADE, CChC de Concepción y ASEXMA señalaron que "esta decisión, aparece más bien como una acción de última hora de la administración saliente que como el resultado de un proceso técnico serio y completo".

En esta línea, los intereses nacionales y transnacionales articulados en sus espacios corporativos han planteado que "las consecuencias de esta resolución apresurada de la autoridad saliente son graves, pues implican la paralización de proyectos urbanos estratégicos, la generación de incertidumbre jurídica sobre terrenos destinados al desarrollo, el desincentivo a la inversión privada y un impacto directo en el empleo y en la planificación territorial del Gran Concepción, afectando la certeza jurídica que requieren los proyectos de inversión para desarrollarse".