Este jueves inicia formalmente el alza de los combustibles, luego que el gobierno de Kast decidiera que la población debe pagar los costos desde su bolsillo. Para profundizar en esta situación, RESUMEN contactó al académico Universidad de Chile e investigador de la Fundación SOL, Dr. Gonzalo Durán, quien abordó cómo esta medida impactará a amplios sectores del país.

Por  J. Arroyo Olea | Equipo editorial de Resumen.cl

¿De que orden de magnitud es el alza en pronosticada en el coste de la vida tras esta medida?

El orden de magnitud no es menor. El Banco Central de Chile, máxima autoridad en esta materia, estima que, producto del aumento en el precio de los combustibles, la inflación podría ubicarse en torno al 4% anual hacia fines de año.

Actualmente se sitúa en 2,4%, por lo que la proyección implica un incremento cercano al 67% (de 2,4 a 4). Sin embargo, la inflación no afecta a todos por igual: golpea con mayor fuerza a las familias trabajadoras, que cuentan con escaso o nulo margen de ahorro, a diferencia de los hogares ricos, que sí tienen capacidad para amortiguar estos shocks.

¿Cuándo y cuánto podría trasladarse esta alza a los precios de la canasta básica?

Hay un efecto inmediato y otro de segunda vuelta. El primero ocurre porque el combustible sube de forma casi instantánea. El segundo se despliega en las semanas siguientes, cuando transportistas, distribuidores y el comercio en general comienzan a traspasar ese mayor costo a precios.

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La canasta básica es especialmente sensible a este proceso, porque depende fuertemente del precio de los alimentos, y estos, a su vez, del diésel —el componente que más aumenta, con alzas superiores al 60%. Por ello, es esperable que en abril y mayo se observe un encarecimiento de la canasta básica.

¿Cómo esta alza podría significar el aumento de precios de otros bienes o servicios? 

El combustible no es un bien cualquiera; no es comparable a una papa o una cebolla. Es un insumo estratégico para el funcionamiento del sistema, en particular para el transporte de mercancías. Cuando sube el diésel, aumentan los costos logísticos tanto en el comercio exterior como al interior del país.

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Ahora bien, quién termina asumiendo ese mayor costo no es una cuestión neutra, sino que depende de las relaciones de poder que estructuran la economía. En la práctica, la carga suele recaer en los eslabones más débiles y menos organizados: la clase trabajadora.

Considerando la pérdida de poder adquisitivo ¿Esta medida agravará la situación? ¿Qué reflexión tiene sobre esto? 

Sin duda. El problema no es solo inflacionario, es distributivo. Cuando suben los combustibles, esto se traspasa a toda la economía, pero hay algo que no se ajusta igual: los salarios.

El tema aquí es que los trabajadores y trabajadoras no pueden traspasar estos aumentos que enfrentaran en el costo de vida a sus salarios. Los salarios no se ajustan automáticamente ni al IPC ni a la variación de la canasta básica. Para ajustar salarios se debe negociar colectivamente y en Chile, sólo una minoría lo hace (cerca de un 15%).

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Es más, incluso en esa minoría, hay veces que los salarios no se reajustan por alza en los precios. La pregunta es ¿por qué pasa esto? Sabemos la respuesta, tenemos un país con baja sindicalización y con negociación colectiva fragmentada, esto es un cóctel ideal para que los empresarios carguen estos costos a las familias trabajadoras y que sean ellas quienes terminen pagando.

Por eso la negociación por rama es tan importante. Pero el anterior Gobierno al parecer no lo vio así, pues presentó un proyecto en las postrimerías de su mandato y el actual gobierno evidentemente apenas llega lo retiró. Finalmente, es importante subrayar algo que suele confundirse: cuando la inflación baja, no significa que los precios retrocedan. Los precios altos tienden a quedarse. De hecho, incluso con una inflación anual cercana al 2,5%, hoy enfrentamos niveles de precios que son alrededor de un 40% más altos que a comienzos de 2020.

¿Esto tendrá algún impacto relacionado a la línea de la pobreza? ¿Cómo impacta en esa línea? 

Sí. La línea de la pobreza se construye a partir de la estimación monetaria de una canasta básica (alimentaria y no alimentaria). Si suben los precios, aumenta el costo de esa canasta y, por tanto, también se eleva la línea de la pobreza. Esto implica que crece la probabilidad de que más personas queden por debajo de ese umbral; en otras palabras, aumenta la incidencia de la pobreza, ceteris paribus, es decir, si los ingresos de los hogares no se ajustan al mismo ritmo, algo que, en la práctica, parece ser el caso.

En el componente no alimentario, además, es relevante considerar el impacto indirecto vía inflación sobre la UF. Un mayor IPC eleva la UF, lo que encarece arriendos y dividendos, presionando aún más el costo de vida de los hogares. No hay que perder de vista que, tras la actualización reciente de la medición, un 17,3% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Estamos hablando, por tanto, de un fenómeno de gran magnitud, no marginal, que vuelve especialmente sensibles a estos hogares frente a cualquier alza en el costo de la vida.

¿Puede explicar la disparidad entre alzas que vivirán las y los trabajadores en contraposición con el gran empresariado? 

El gran empresariado suele salir favorecido en este tipo de contextos. Por un lado, aparece lo que se ha denominado “inflación por codicia”: la posibilidad de aprovechar un shock de costos para ampliar márgenes y trasladar alzas de precios. Este fenómeno se intensifica cuando el entorno institucional resulta favorable, por ejemplo, mediante anuncios o reformas que refuerzan la acumulación de capital, como la reintegración total del sistema tributario o la reducción del impuesto corporativo.

Los datos ayudan a dimensionar la asimetría. Entre 2020 y la actualidad, el costo de la vida ha aumentado en torno a un 40%, mientras el PIB per cápita real (ajustado por inflación) lo ha hecho cerca de un 16%. En ese mismo período, grandes patrimonios, han experimentado incrementos suculentos: la familia Luksic aumentó su riqueza en torno al 300%.

La pregunta de fondo es evidente: ¿quién paga la crisis cuando hay crisis? En la práctica, el ajuste recae sobre las familias trabajadoras, mientras que ciertos grupos económicos no solo logran protegerse, sino también expandir su riqueza. A esto se suma ahora un componente adicional: una reforma tributaria pro-capital. Los empresarios están felices.

¿Cuánto nos cuesta tener de un esquema tributario regresivo, centrado en el IVA, eximiendo a grandes rentistas de imponer montos coherentes a sus ingresos? 

Nuestro país sostiene buena parte de su recaudación sobre las espaldas de las familias trabajadoras. Esto se explica porque el IVA ha sido históricamente el pilar del sistema tributario. En contraste, los impuestos directos (a la renta personal y corporativa) resultan mucho más elusivos.

A ello se suma una cultura de evasión y elusión arraigada, basada en la idea de que los impuestos constituyen una suerte de “expropiación” estatal (o dicho más claramente: el impuesto es un robo por parte del estado, misma postura de Milei en Argentina).

Durante la dictadura, esta lógica no solo se instaló ideológicamente, sino que se tradujo en dispositivos institucionales diseñados para minimizar la carga tributaria del capital.

En gran medida, esos mecanismos siguen vigentes. El resultado es una estructura profundamente regresiva: hoy, los ultra ricos enfrentan tasas efectivas de tributación menores que las del 50% más pobre (11,8% versus 16,2%), mientras el 1% más rico concentra más del 50% de la riqueza.

Las consecuencias son evidentes. Este diseño limita la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y reproduce desigualdades estructurales, trasladando el peso del financiamiento público hacia quienes tienen menos capacidad contributiva.