Un reportaje reveló un escándalo que podría terminar con la carrera política del alcalde de San Pedro de la Paz: el derechista Juan Pablo Spoerer. Sumadas a las críticas por los masivos despidos en el municipio que entre otras han afectado duramente el servicio entregado en los CESFAM, se descubrió que aparece en un episodio que involucra un presunto trámite fraudulento y que ya motivó solicitudes de su renuncia desde distintos sectores, incluido un senador de su propio partido. El fraude lo habría realizado aprovechándose de su rol cuando se desempeñaba como seremi en el gobierno de Piñera. 

La investigación publicada por Radio Bio Bio detalla que Spoerer habría gestionado —o permitido gestionar— un trámite duplicado de licencia de conducir utilizando datos distintos, lo que configura un presunto fraude administrativo.

Los hechos habrían ocurrido en el primer semestre de 2019, cuando el militante de Evópoli se desempeñaba como seremi del Deporte en la región del Biobío, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

"El jefe comunal sanpedrino cometió una falta de tránsito mientras conducía por la ciudad de Yumbel. En la oportunidad, el funcionario que le cursó la infracción le retuvo su licencia de conducir. No obstante, con el propósito de evadir su responsabilidad y burlar el castigo que le aplicaría Juzgado de Policía Local de Yumbel, la entonces autoridad ministerial acudió hasta la Dirección de Tránsito de Chiguayante para obtener un duplicado. Lo hizo el 17 de mayo de 2019, con un documento del Registro Civil para comprobar que había bloqueado su licencia de conducir. En realidad su permiso estaba retenido en otra comuna y no perdido" consigna el citado medio.

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"El tiempo avanzó y la artimaña de Spoerer pareció pasar desapercibida. Eso, hasta que en el Juzgado de Policía Local de Yumbel se enteraron de que el actual alcalde de San Pedro de la Paz había sacado un duplicado fraudulento. En consecuencia, enviaron en mayo de este 2025 un oficio a la Dirección de Tránsito de Chiguayante haciendo presente que, en el mérito de los antecedentes, 'podría existir el delito previsto en el artículo 210 del Código Penal en la obtención del duplicado de la licencia de conductor'. En la comunicación detallaron que actualmente el alcalde figura con licencia de conducir expedida, coincidentemente, por el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro de la Paz en abril de este año" agregan.

Finalmente, el texto advierte que "Alertados por la tramitación irregular del documento, desde la Dirección de Tránsito de Chiguayante derivaron los datos por interno y vía oficio a la Dirección Jurídica del municipio. Fue esta última repartición la que puso los antecedentes en conocimiento de la justica. En específico, el director jurídico de la casa edilicia, Pablo Aros Rojas, denunció ante el Ministerio Público lo ocurrido. Pese a que las pruebas estaban sobre la mesa, el fiscal adjunto de la fiscalía de Concepción, Jorge Lorca Rodríguez, no tuvo más opción que comunicar al Juzgado de Garantía de Chiguayante que se abstendrían de investigar. Eso, argumentó el persecutor, considerando que los antecedentes y datos suministrados permitían establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, ya que el delito de falsificación o uso malicioso de documentos públicos, descrito y sancionado en el artículo 193 del Código Penal se encuentra prescrito."

Cabe precisar que si se hubiese llevado adelante una hipotética investigación, el alcalde Spoerer podría haber terminado sancionado con penas que van desde los 541 días a los 10 años de cárcel, considerando su rol como empleado público al momento de los hechos.

Horas más tarde, en un segundo artículo en el mismo medio, el senador del Biobío por turismo electoral y militante Evópoli, Sebastián Keitel,  declaró públicamente que, a su juicio, Spoerer debiera evaluar su renuncia inmediata ante la gravedad del presunto delito y la pérdida de legitimidad de sus funciones.

Si es que se llegasen a confirman las irregularidades, estaríamos ante un caso de uso fraudulento de documentos públicos que pone en entredicho la institucionalidad de la comuna, la moral pública y la confianza ciudadana.

Este caso no es menor: si se confirma el fraude, no sólo se habría falsificado un documento público, sino que estaría involucrado un alto funcionario electo que —supuestamente— ha tenido acceso privilegiado al sistema.

Además, deja expuesta la fragilidad institucional ante personas con intenciones de abusar de ésta.

En paralelo, ciudadanos de la comuna expresaron su indignación en redes sociales y convocaron a manifestaciones, exigiendo ética y transparencia en la administración local.