A casi seis años del asesinato de Romario Veloz durante el estallido social, señales desde el entorno político del gobierno entrante de José Antonio Kast apuntan a eventuales medidas que podrían beneficiar al militar condenado por el crimen. La posibilidad ha encendido alertas sobre un retroceso en materia de justicia y responsabilidad por violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército de Chile.

Por H. Apablaza

El caso de Romario Veloz vuelve a instalarse en el debate público ante las señales políticas que apuntan a eventuales beneficios o revisiones judiciales que podrían favorecer al militar condenado por su muerte.

En medio de un contexto marcado por discursos de “mano dura” y ampliación de facultades para las Fuerzas Armadas, desde el entorno del gobierno entrante encabezado por José Antonio Kast han surgido posiciones que, de concretarse, podrían abrir la puerta a medidas que terminen liberando al uniformado responsable del disparo que terminó con la vida del joven ecuatoriano durante el Estallido Social.

El crimen ocurrió en octubre de 2019, cuando efectivos del Ejército de Chile desplegados en las calles abrieron fuego contra manifestantes en La Serena.

Uno de los disparos impactó a Romario Veloz, quien murió producto de las heridas. El caso se transformó rápidamente en un símbolo de las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas durante la represión estatal en ese periodo, particularmente por el uso de armas de guerra contra población civil.

Lee | Carabineros de Chile: la refundación que no fue

Tras un largo proceso judicial, la justicia determinó responsabilidades penales en el caso, estableciendo que el disparo que terminó con la vida del joven no fue un hecho fortuito, sino el resultado de un uso indebido de la fuerza en un contexto de control de manifestaciones.

Sin embargo, las señales políticas que buscan ampliar eximentes o beneficios para uniformados involucrados en hechos ocurridos durante el estallido social han generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y en la propia familia de la víctima.

La eventual liberación del militar condenado no solo implicaría un retroceso en materia de justicia para el caso de Romario Veloz, sino que también podría consolidar un escenario de impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos.