Central Rucalhue continúa avanzando con respaldo estatal: un bando de la Armada prohibió el vuelo de drones sobre el área donde se construye el cuestionado proyecto hidroeléctrico de capitales chinos en el río Biobío, una medida que restringe la fiscalización ciudadana y refuerza el resguardo militar de sus faenas

Por J. Arroyo Olea | Colaboración entre Resumen.cl y OLCA 

El cuestionado proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue continúa con su construcción entre la comuna de Quilaco y Santa Bárbara, para lo cual ha utilizado, entre otras cosas, el apoyo de un Estado que facilita sus Fuerzas Armadas y de Orden a su disposición.

En junio de este año se hizo público que Carabineros de Chile contaba con dotación focalizada en el predio de la empresa para tareas de resguardo de las obras. Esto, luego que en abril de 2025 la maquinaria al interior del terreno fuera incendiada por desconocidos.

Lee| Central Rucalhue: el historial del proyecto hidroeléctrico cuya maquinaria fue destruida en sabotaje

Pero esta no es la única medida que ha tomado el Estado chileno en beneficio de Central Rucalhue. Tras requerir vía transparencia información relacionada, la Armada de Chile confirmó que la Jefatura de la Defensa Nacional (JEDENA) del Biobío ha tomado medidas en defensa de las faenas del proyecto.

Así, solo cinco días después del atentado, se demoró la institución marcial en tomar decisiones sobre el terreno donde se desarrollan actualmente las obras. El 25 de abril de 2025 se publicó el Bando N°52 desde Talcahuano, en el cual se prohibió "el vuelo de todo tipo de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), DRONES, en el espacio aéreo, columna de aire, de la zona referidas, correspondiente a las coordenadas geograficas 37°41'54.3°S — 71°53°35.7"'W, Central Rucalhue, sector Rucalhue, Comuna de Quilaco, Provincia del Biobio".

Como excepción, solamente infraestructura de Defensa, Carabineros y Policía de Investigaciones podría sobrevolar el área.

Pero no solo eso. El bando militar señala que los funcionarios policiales y militares, en caso de identificar un vuelo no permitido, quedan facultados "para realizar el derribo inmediato de tales aeronaves pilotadas a distancia".

Así, en caso de identificarse en vuelo no permitido, el documento firmado por el contraalmirante Arturo Oxley Lizana establece que dicha persona deberá ser detenida y puesta a disposición de la justicia.

La decisión de la cúpula militar bloquea una fiscalización activa de la población sobre un proyecto que ha recibido durante años fuertes cuestionamientos, y que recientemente protagonizó un conflicto de mediana intensidad con sus trabajadores. De igual forma, no permite la toma de imágenes en un sector que, durante los últimos años, fue punto de interés para fotógrafos y documentalistas interesados en el ecosistema del río Biobío.