
Como vecinas y vecinos de la Población Aurora de Chile, hoy levantamos nuevamente la voz frente a una nueva acción de violencia estatal ejercida sobre nuestro territorio. El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) ha facilitado un terreno ubicado en Aurora de Chile para la postulación de un proyecto habitacional destinado a organizaciones de trabajadores del sector público, mientras muchas de nuestras familias aún esperan soluciones habitacionales comprometidas hace años.
El pasado 4 de diciembre, fuimos convocados a una reunión extraordinaria con nuestras organizaciones funcionales, apenas un día antes del cierre de la postulación de este proyecto. En esa instancia se nos informó que un terreno aurorino sería utilizado para un proyecto habitacional que no considera a las familias del territorio. La noticia nos tomó por sorpresa y generó un rechazo inmediato y transversal.
Días antes, al solicitar el patrocinio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), la propia SEREMI tomó conocimiento de esta situación. Sin embargo, el proceso avanzó y la decisión ya estaba tomada. Sentimos que esto vulnera gravemente la confianza que hemos construido tras años de diálogo y movilización.
Tras la noticia, realizamos asambleas territoriales para informar a la comunidad. De manera clara y colectiva, nos negamos a esta nueva usurpación de nuestro territorio por parte del Estado.
Mapa de Aurora de Chile y proyectos inmobiliarios externos al Plan Integral.
Un terreno habilitado gracias a nuestra lucha
Nos parece especialmente grave que este terreno haya quedado habilitado para postular gracias a las obras del puente Esmeralda y la urbanización del Plan Integral Aurora de Chile, impulsado por el mismo SERVIU con apoyo de la SEREMI. Estas obras fueron pensadas para reparar una deuda histórica con nuestro barrio, no para beneficiar proyectos ajenos a nuestras familias.
El proyecto corresponde a un llamado DS 1, regulado por la Resolución Exenta N°466 de 2022, orientado a organizaciones de trabajadores del sector público o privado. La normativa permite incluso la postulación en terrenos fiscales o públicos en proceso de transferencia. Sin embargo, nos preguntamos con indignación ¿por qué, existiendo terrenos disponibles en el Gran Concepción, SERVIU decide usar precisamente uno que forma parte de nuestro territorio?
El terreno en cuestión se ubica entre las calles Binimelis y Manuel Montt, a un costado de la línea férrea y el puente. Este suelo fue solicitado por nuestra comunidad y siempre nos fue negado porque no cumplía las condiciones de habitabilidad. Hoy, sin consulta ni consentimiento, se entrega a terceros.
Una historia larga de despojo
Nuestra población ha sido históricamente intervenida. Desde los años 2000 hemos enfrentado cambios regulatorios, intentos de erradicación y proyectos fallidos. Tras el terremoto de 2010 y la construcción del Puente Chacabuco, las transformaciones más profundas se impusieron sobre nuestro territorio, afectando nuestra vida comunitaria.
Hoy vemos con claridad un proceso de despojo y gentrificación, donde el avance inmobiliario privado ocurre más rápido que las respuestas del Estado hacia quienes hemos habitado y cuidado este barrio por generaciones. Actualmente se levantan dos torres habitacionales en terrenos vinculados a SERVIU, ambas para proyectos DS 19, y existen al menos tres permisos de edificación para nuevos edificios privados, todos sobre los 12 pisos de altura.
Todos estos proyectos suman cerca de mil soluciones habitacionales en altura dirigidas a clases medias, lo que triplica la población actual de nuestro sector. A esto hay que considerar los locales comerciales asociados a cada una de estas nuevas construcciones.
La entrada del mercado inmobiliario al territorio aurorino conlleva un aumento del valor del suelo y del costo de vida, una pérdida de identidad, de vínculos sociales y comunitarios y de las economías locales que se han forjado durante los más de cien años de historia del territorio. Estamos conscientes de que si estos procesos no se abordan y contienen desde el fortalecimiento de la base social, pueden significar un desplazamiento paulatino de quienes hemos habitado históricamente nuestra población.

Un golpe directo a una negociación histórica
Esta decisión afecta directamente el proceso de negociación que sostenemos con el Gobierno, encabezado por nuestra Junta de Vecinos y el Comité Histórico 1. Esta mesa fue mandatada por el ministro Carlos Montes y comenzó a fines de 2023, luego de años de presión y organización territorial. En más de 20 sesiones hemos dialogado con MINVU y con actores de la municipalidad, MOP, Bienes Nacionales y otras instituciones que guardan interés en nuestra población.
A pesar de las dificultades del proceso, falta de metodología y negociación a puertas cerradas, logramos avances importantes: destrabar la segunda etapa de viviendas, congelada por casi ocho años; incorporar a cerca de 30 familias pendientes desde 2015; proyectar una sede vecinal; definir terrenos para las soluciones habitacionales faltantes, y abrir la posibilidad de postular a proyectos DS 19 en el territorio. Todo esto quedó consignado en un documento que aún no ha sido ratificado por las autoridades, siendo la única garantía de continuidad del proceso en el próximo gobierno.
Como comunidad vemos con preocupación un grave problema de probidad: quienes lideran el proceso de diálogo terminan siendo juez y parte, postulando y beneficiándose de un proyecto habitacional, en un país con un déficit que supera las 650 mil viviendas y más de 2,2 millones de personas con déficit habitacional.
La deuda sigue abierta
El Estado chileno mantiene una deuda histórica con Aurora de Chile. Esta violencia estructural ha tenido efectos profundos en nuestra vida comunitaria. Nuestra emblemática escuela Santa Catalina de Siena, patrimonio del barrio, hoy está cerrada por falta de matrícula tras más de una década conviviendo con obras inconclusas. La antigua fábrica, declarada zona de interés patrimonial, se deteriora sin intervención. El Club Huracán sigue esperando avances reales.
Seguimos organizadas y organizados
Tras una conversación directa con la SEREMI el 15 de diciembre, hacemos un llamado a la comunidad aurorina y penquista a mantenerse alerta frente a los compromisos que deben ser ratificados el 29 de diciembre. Esta declaración es una medida de presión legítima frente a un hecho que rompe la confianza construida en las mesas de diálogo.
No bajaremos los brazos.
Seguiremos vigilantes y organizados.
Mientras existan vecinas y vecinos de Aurora de Chile esperando una vivienda, nuestro territorio no se toca.
¡¡LA AURORA, PARA LA AURORA!!
Junta de Vecinos Aurora de Chile