Urge prohibir el cambio de uso de suelo después de un incendio forestal ante la apuesta del nuevo gobierno por acabar con regulaciones
Las afirmaciones de Jorge Quiroz, futuro Ministro de Hacienda de José Antonio Kast, respecto a la denominada "liberalización del suelo" y la próxima invalidación de normas regulatorias en diversas áreas, permiten prever que las operaciones empresariales en el país se multiplicarán sin la más mínima reglamentación.
Por Aniceto Hevia
Estos dichos se vierten mientras transcurre una temporada donde los incendios forestales constituyen uno de los eventos predominantes en la zona centro sur del país, en el escenario en que no existe ningún tipo de norma que impida el cambio de uso de suelo luego de un siniestro como este.
En un proyecto de ley presentado en 2021, se consignó:
«No podrá realizarse cambios en el uso de suelo cuando este se encuentre siniestrado producto de un incendio forestal, en estos casos se deberá adoptar las medidas necesarias para la reforestación con especies nativas y la recuperación de los ecosistemas afectados, no pudiendo realizar cambio alguno al uso de suelo en el plazo que determine la autoridad, el cual no podrá ser inferior a 25 años»
Esta moción parlamentaria quedó en su primer trámite sin avanzar, y si bien el presidente Gabriel Boric, en septiembre de 2023, presentó otro proyecto de ley que señalaba una moratoria de 30 años, su tramitación y modificación aún continúa.
La referencia internacional
La prohibición de cambio de uso de suelo luego de un incendio forestal se aplica en diversos países, como en México y España, con resultados notorios en la disminución de siniestros desde que estas leyes entraron en vigor. Así lo consigna Prohibición cambio uso de suelos forestales, un documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Veamos:
- Desde 2015, en México se prohíbe el cambio de uso de suelo posterior a un incendio forestal durante 20 años. Según el informe, el año de promulgación de la ley se registró un mínimo histórico en la cantidad de estos siniestros, que fue de 3.809. Y en términos comparativos, desde el año 2000 al 2020, su número pasó de 8.557 a 5.701.
- En España, la prohibición de cambio de uso de suelo posterior a un incendio forestal es de 30 años y está vigente desde 2006. De acuerdo al reporte citado, desde 2005 a 2007 lo siniestros pasaron de 25.492 a 10.936, o sea, disminuyeron en más de la mitad.
Captura extraída de Análisis de los cambios de uso de suelo post incendio en los bosques nativos de la zona centro-sur de Chile, de Vicente Urrutia Acuña
¿Qué ocurre en Chile?
Para saber si en el país existe cambio de uso de suelo posterior a un incendio forestal que afecte bosque o matorral nativo, es muy interesante revisar la tesis del Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, Vicente Urrutia Acuña, quien logró determinar que el 17% de la superficie afectada por un siniestro de este tipo derivó en un cambio de uso suelo hacia una actividad urbana o productiva, donde la industria forestal fue la gran beneficiada. El marco territorial del estudio fueron las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío (incluyendo Ñuble), La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, entre los años 2000 y 2016.
Al revisar Análisis de los cambios de uso de suelo post incendio en los bosques nativos de la zona centro-sur de Chile, podemos inferir que la proporción de superficie que sufrió esta transformación podría ser mucho mayor, considerando que muchas veces "no se detectaron incendios en el espacio geográfico ni temporal que se hacía referencia en el listado de CONAF” y tampoco se contó con la totalidad de imágenes satelitales para evaluar correctamente la situación pre y/o post incendio, por lo tanto no se estableció conclusión alguna. También, el estudio excluyó el año 2017, cuando la superficie anual quemada fue 1.250% más que el promedio de los últimos cinco años. Por último, según lo declara el autor, las regiones del Maule, Biobío (con Ñuble) y Araucanía, tienen un bajo porcentaje de incendios reconstruidos, por cuanto su territorio podría estar subrepresentado en la conclusión final.
Gráfico por temporada de incendios forestales en cuanto a superficie comprometida y número de siniestros. Elaborado por CONAF.
A pesar de estas dificultades, el autor logró determinar lo siguiente:
- El 51% de la superficie de bosque nativo afectada por incendios tuvo una trayectoria en la cual mantuvo su cobertura inicial. El 32% tuvo una trayectoria desde bosque nativo hacia matorral, mientras que el 17% restante sufrió un cambio de uso de suelo hacia una actividad productiva o de uso urbano. El rubro con mayor cantidad de superficie implicada fue el forestal (plantaciones de pino y eucalipto), la cual represento el 91% de las hectáreas con cambio de uso de suelo.
- El 83% de la superficie de matorral nativo afectada por incendios no presentó cambios de uso de suelo. El 17% de la superficie restante tuvo una trayectoria en la que hubo un cambio de uso de suelo hacia una actividad productiva o de uso urbano. Aquí, también el rubro forestal representó la mayor cantidad de hectáreas implicadas, con el 76%.
Desregulación: antes, denuncia y delito; ahora, plan gubernamental
Cuando Jorge Quiroz habla de "desregulación" hay que saber que busca invalidar las insuficientes normas para el avance de múltiples negocios y posibilitar el aumento exponencial de utilidades para el empresariado. Esta función ya la asumió como asesor de empresas que se coludieron para subir arbitrariamente los precios de sus productos, aprovechándose de su condición oligopsónica. A saber:
- En la denominada "colusión del pollo", Quiroz ejerció como asesor de la Asociación de Productores Avícolas (APA), la entidad gremial que agrupaba a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, coordinadas para limitar la producción y asignarse cuotas de mercado entre los años 1994 y 2010. La denuncia fue hecha por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) el 2011 y, junto con ser confirmada por Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), aplicar multas, se ordenó la disolución de APA, por su rol coordinador de este cartel.
Respecto al fallo, en 2014, el entonces fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, señaló: “Estamos enormemente satisfechos con la sentencia del TDLC. Este ha sido, a nuestro juicio, el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar en Chile, desde su creación en 1959”.
- En la llamada "colusión de las farmacias", el próximo ministro de hacienda asesoró, a través de una de sus asociaciones, a Salcobrand, cuando, junto a Farmacias Cruz Verde y Farmacias Ahumada, fueron condenadas por el TDLC al acreditar su colusión para subir arbitrariamente los precios de al menos 206 medicamentos, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Según consigna la sentencia de 2012, gran parte de estos fármacos eran hipotensores, anticonceptivos orales, anticonvulsivantes, antidepresivos y antihistamínicos que estas empresas controlaban entre 70% y 99% en su comercialización.
El TDLC también señaló que Cruz Verde como las antecesoras de Salcobrand (Comercial Salco S.A. y Farmacias Brand S.A.) ya habían sido condenadas en 1995 por una conducta similar.
Evidentemente, en su labor de asesor, Jorge Quiroz no tuvo sanción alguna, pero conocer estos hechos vale para prever la dirección de la política gubernamental desde marzo en adelante.
Liberalización del suelo y desregulación generalizada
La doctrina neoliberal se desenvuelve corriendo sus propias fronteras a punta de falacias y engaño. Aunque toda su hoja de ruta se justifica en el ejercicio de una noción de libertad humana, los resultados de su cumplimiento acaban en un empobrecimiento que constriñe las posibilidades de decidir libremente de la población que vive de su trabajo.
Javier Milei, el actual ícono de este discurso y referente de quienes gobernarán el Chile, llegó a decir que existía también la "libertad de morirte de hambre" para quienes no quisieran ser explotados en labores sin garantías contractuales.
https://www.youtube.com/shorts/IeBNW_J1BF4
En conclusión, todo este discurso vela la intención de permitir, sin el usufructo del trabajo y de los bienes comunes a quienes cuentan con poder económico para hacerla, sin el menor control. En particular, el suelo, es uno de los bienes comunes que se busca entregar sin mínimas precauciones y consideraciones para con los intereses de todo un país.
