Minera, forestal y GNL: los malos vecinos de Penco-Lirquén
Penco-Lirquén concentra una de las conflictividades socioambientales más persistentes del Biobío, donde proyectos mineros, forestales y de gas natural licuado han tensionado por más de una década la relación entre comunidades, empresas y autoridades, reabriendo el debate sobre el modelo de desarrollo impuesto al territorio en medio de crisis climática e incendios forestales.
Por Humberto Fuentes
Desde hace bastante tiempo Penco-Lirquén ha estado en el centro del interés empresarial, pero también de la defensa territorial.
Mientras proyectos extractivos han promovido sus intereses en la comuna, organizaciones sociales y comunidades han optado por enfrentar al empresariado denunciando su incompatibilidad con el desarrollo del territorio.
Así, convergen intereses políticos y económicos que han entrando en tensión por sí solos, pero donde el rol de la población ha sido sumamente importante para darlos a conocer, constituyéndose una comuna que ha contado con más de una década de conflictividad socioambiental latente.
Así, la minería de tierras raras, monocultivos forestales y terminales de gas natural licuado (GNL) conforman un triángulo de conflictividad que hoy vuelve a tensionarse en medio de crisis climáticas e incendios forestales.
Minera Aclara y la búsqueda por las tierras raras
El proyecto de extracción de tierras raras impulsado por Aclara Resources en los cerros de Penco se ha transformado en uno de los principales focos de resistencia socioambiental reciente del territorio.
El conflicto data desde la silenciosa constitución de REE UNO SpA, la empresa que posee miles de concesiones mineras y que hoy está en manos de la transnacional canadiense, la cual tomó las riendas del proyecto el año 2018 y, actualmente, protagoniza el interés por explotar tierras raras en Penco-Lirquén.
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Desde su anuncio, organizaciones comunitarias, ambientales y científicas han advertido sobre los riesgos que implica remover grandes extensiones de suelo en una zona con alto valor ecosistémico y presencia de especies nativas en categoría de conservación, como el naranjillo, y monumentos naturales como el pitao y el queule.
Pese a cinco tramitaciones ambientales fallidas y reiteradas observaciones por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el proyecto ha contado con un respaldo de la clase política transversal (desde el progresismo hasta la ultraderecha), incluyendo figuras de la derecha chilena y del mundo empresarial.
Para las comunidades, el conflicto no es solo ambiental, sino también democrático: decisiones estratégicas sobre el territorio se toman sin consentimiento local, mientras se promete desarrollo económico que no logra despejar la incertidumbre ni los impactos a largo plazo.
Forestales: plantar pobreza
El negocio forestal es otro actor clave en la conflictividad de Penco-Lirquén.
Plantaciones de pino y eucalipto rodean sectores habitados, acumulando residuos forestales altamente combustibles.
Informes técnicos y antecedentes conocidos por las propias empresas —articuladas en la Corporación Chilena de la Madera (Corma)— advertían desde hace al menos un año sobre el riesgo que implicaban miles de hectáreas con material vegetal sin manejo adecuado.
Ya en 2021 el último informe del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano alertaba que 92% de la población de Penco estaba bajo riesgo de siniestros planteando, además, que al menos nueve tienen a más de la mitad de su población expuesta a los siniestros, de las cuales cuatro son de la provincia de Concepción: "Penco (91,9%), Tomé (75,3%), Maule (66,6%), San Antonio (59,7%), Villa Alemana (56,9%), Quilpué (54,8%), San Pedro de La Paz (54,5%), Lota (51,9%) y Limache (50,4%)".
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Los incendios forestales que afectaron al Biobío y Ñuble no hicieron más que confirmar un escenario anunciado.
Para las comunidades, el problema no se reduce al fuego, sino a un modelo forestal que externaliza costos: suelos degradados, escasez hídrica, contaminación del aire y una exposición permanente a catástrofes que golpean, una y otra vez, a los mismos territorios.
El pulpo Octopus
A este escenario se suma el cuestionado proyecto Octopus, el cual cuenta con uno de sus tentáculos en la Bahía de Concepción, específicamente en las costas de Lirquén: el terminal de Gas Natural Licuado (GNL).
Octopus es sinónimo de conflictividad socioambiental en el territorio, pero también de la irrestricta defensa contra uno de los proyectos más icónicos de la región, la cual aún permanece vigente.
Vecinas y vecinos han denunciado históricamente la falta de información clara sobre planes de emergencia, el aumento del tránsito pesado, el impacto en el polo gastronómico y la cercanía de instalaciones de alto riesgo con zonas residenciales.
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El GNL aparece así como otro ejemplo de una lógica de “beneficio país” que recae desproporcionadamente sobre comunidades que asumen los costos ambientales y sociales, sin una participación real en las decisiones ni garantías suficientes frente a eventuales accidentes.
El triángulo de los conflictos
Minera, forestal y GNL no operan de manera aislada. En conjunto, configuran un modelo de ocupación territorial que prioriza la rentabilidad económica por sobre la salud, la seguridad y el derecho a decidir de las comunidades de Penco-Lirquén.
La acumulación de proyectos ha profundizado la desconfianza hacia autoridades y empresas, alimentando una conflictividad que no es coyuntural, sino estructural.
En un contexto de crisis climática, incendios forestales y creciente organización comunitaria, Penco-Lirquén vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero urgente: ¿cuántos “malos vecinos” más puede soportar un territorio antes de que el costo social y ambiental sea definitivamente irreversible?
