
Existen ocho reclamaciones presentadas ante el Tercer Tribunal Ambiental contra de la declaratoria del Humedal Urbano Rocuant-Andalién. Una de ellas fue interpuesta por el propio el Gobierno Regional del Biobío, sumándose entidades como la empresa estatal ASMAR y las privadas ESSBIO e inmobiliaria Valmar.
El autor de esta columna cuestiona las intenciones de las autoridades tras estos organismos públicos para contravenir una resolución jurídica, como es fue la declaratoria del Humedal Urbano, orientada a proteger la biodiversidad, otorgar seguridad a la población y fomentar la resiliencia climática en el Gran Concepción.
---
Como Fundación Bandada manifestamos nuestra profunda preocupación ante las ocho reclamaciones presentadas ante el Tercer Tribunal Ambiental en contra de la declaratoria del Humedal Urbano Rocuant-Andalién, ecosistema costero estratégico para la biodiversidad, la seguridad de las personas y la resiliencia climática del Gran Concepción.
Las reclamaciones han sido interpuestas por distintos actores públicos y privados, incluyendo empresas e inmobiliarias y, de manera especialmente preocupante, el Gobierno Regional del Biobío. Como organización ciudadana, consideramos impresentable que una institución pública llamada a promover el desarrollo regional y el bienestar de sus habitantes cuestione la protección de un ecosistema natural clave para la seguridad ambiental del territorio.
Preocupa además que algunas de las entidades reclamantes, particularmente ESSBIO y la inmobiliaria Valmar, no solo estén impugnando la declaratoria del Humedal Urbano Rocuant-Andalién, sino también la protección de otro ecosistema relevante del Gran Concepción, como el Humedal Vasco da Gama, también conocido como Humedal Chimalfe. Esta reiteración de acciones judiciales contra distintos procesos de protección ambiental evidencia una posición sistemática que tensiona los esfuerzos públicos y ciudadanos orientados a la conservación de humedales urbanos, ecosistemas reconocidos internacionalmente como esenciales para enfrentar la crisis climática y la pérdida global de biodiversidad.
Humedal Urbano Rocuant-Andalién. Fotografía: Felipe Jara
Respecto de la reclamación presentada por ASMAR, resulta especialmente llamativa considerando que no se trata de una empresa privada, sino de una empresa pública del Estado de Chile, dependiente del Ministerio de Defensa a través de la Armada.
Precisamente por su carácter estatal, genera una evidente paradoja que una institución perteneciente al propio Estado impulse acciones judiciales destinadas a cuestionar la protección de un ecosistema cuya declaratoria también responde a una política pública ambiental del Estado orientada a resguardar el interés general, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades costeras. Desde Fundación Bandada creemos que una empresa estatal podría estar liderando ejemplos de compatibilización entre su actividad, protección ambiental y adaptación al cambio climático. Por lo mismo, resulta difícil de comprender que, en vez de avanzar hacia modelos modernos de convivencia territorial, se opte por cuestionar la protección de un humedal ampliamente reconocido por la comunidad científica y la ciudadanía como esencial para el Gran Concepción.
La declaratoria oficial del humedal, establecida mediante Resolución Exenta N°1.154 del Ministerio del Medio Ambiente, constituye una medida de protección basada en antecedentes científicos, técnicos y participativos desarrollados conforme a la Ley N°21.202 de Humedales Urbanos. El proceso incorporó estudios ecológicos, análisis Hidrológicos, levantamiento territorial y revisión de observaciones ciudadanas e institucionales, permitiendo identificar funciones ecosistémicas críticas que justifican plenamente su protección.
El humedal Rocuant-Andalién alberga una alta diversidad biológica y cumple un rol esencial como sitio de alimentación, descanso y nidificación para aves residentes y migratorias, contribuyendo a la conservación de corredores ecológicos de relevancia internacional.
Asimismo, este ecosistema presta servicios ambientales fundamentales para la población:
amortigua inundaciones urbanas,
reduce riesgos frente a marejadas y potenciales tsunamis,
captura carbono y regula temperaturas locales,
fortalece la adaptación frente al cambio climático.
Humedal Urbano Rocuant-Andalién. Fotografía: Felipe Jara
En un contexto global marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad y el aumento de eventos climáticos extremos, los humedales urbanos constituyen infraestructura natural indispensable para ciudades seguras y resilientes.
Destacamos además que la declaratoria contó con una amplia participación ciudadana, reflejando un consenso territorial creciente respecto de la necesidad de resguardar este patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras.
Hacemos además un llamado a la academia, universidades, centros de investigación y comunidades científicas a sumarse activamente a la defensa del Humedal Urbano Rocuant-Andalién, aportando su conocimiento, evidencia científica y voz pública para resguardar un ecosistema cuya protección responde precisamente al conocimiento técnico acumulado por años de investigación en el territorio.
Las acciones judiciales actualmente en curso representan un momento clave para consolidar la protección efectiva de los humedales urbanos en Chile. Confiamos en que el proceso judicial permitirá reafirmar la validez técnica y jurídica de la declaratoria, resguardando el interés público ambiental por sobre intereses particulares que amenazan ecosistemas esenciales para la región y para el bienestar de sus habitantes.
En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, esperaríamos que las instituciones públicas y especialmente aquellas que forman parte del propio Estado fueran aliadas activas en la defensa del patrimonio natural y la seguridad socioambiental del territorio.
Proteger el Humedal Urbano Rocuant-Andalién es proteger la biodiversidad, la seguridad de las comunidades y el futuro climático de nuestro territorio.
Patricio Ortiz Soazo
Fundación Bandada
[email protected]