En una resolución unánime, los tribunales rechazaron la solicitud de reclusión domiciliaria de Jorge Mandiola, exjefe de la CNI en Concepción. El Programa de Derechos Humanos del gobierno de Kast optó por no oponerse a la petición del abogado defensor del criminal de la dictadura, marcando un polémico precedente en la persecución de crímenes de lesa humanidad. Es la segunda vez que ocurre en este mes y medio que va de gobierno. 

Equipo Editorial de resumen.cl

La justicia chilena dictó un fallo contundente al mantener en prisión a Jorge Mandiola Arredondo, ex mandamás de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en Concepción. De esta forma se cerró la puerta a su intención de cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

La decisión destacó no solamente por la gravedad de los delitos en cuestión, sino por la postura del poder Ejecutivo, que decidió no intervenir para evitar el beneficio.

El fallo judicial

Mandiola, de 75 años, cumple una condena de 15 años y un día por su responsabilidad como autor de cuatro homicidios calificados durante la dictadura de Pinochet. Se trata de la denominada Operación Alfa Carbón contra militantes del MIR, quienes fueron asesinados en Concepción, Los Ángeles y Valdivia el 23 y 24 de agosto de 1984. 

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La defensa de Mandiola había argumentado razones de edad y complicaciones de salud para solicitar el traslado a su hogar.

Sin embargo, los magistrados fueron categóricos al señalar que la avanzada edad no es motivo suficiente para conmutar la pena. Según el fallo, no existen antecedentes que justifiquen que el cumplimiento de la condena en un recinto penal constituya una "afrenta a su dignidad".

La resolución subraya que el Estado debe garantizar que las penas por violaciones a los derechos humanos se cumplan de manera efectiva.

La omisión del Ejecutivo

El aspecto más controvertido del caso recae en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Bajo la actual administración del presidente de ultraderecha José Antonio Kast, los abogados del organismo recibieron la instrucción de no apelar ni oponerse a la solicitud del exuniformado.

Este es el segundo caso en lo que va del Gobierno en que este se abstiene de alegar en procesos de este tipo. La situación ha generado una fuerte fricción interna: la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado criticando la orden superior, afirmando que "va en contra de las obligaciones internacionales del Estado" además de ir en contra del mandato legal de la propia institución.

Reacciones y contexto

Para las agrupaciones de familiares de víctimas de crímenes de la dictadura, la postura del Gobierno de Kast significa una "impunidad encubierta". Argumentan que el Programa de Derechos Humanos tiene el deber jurídico de ser querellante activo en estas causas, y que la inacción deliberada debilita la búsqueda de justicia.

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El caso del criminal de lesa humanidad Jorge Mandiola vuelve a poner en el centro del debate público el trato que reciben los condenados por violaciones de Derechos Humanos y el rol que deben jugar las instituciones del Estado en la preservación de la memoria y la justicia.