El autor de esta columna construye un repaso de los nuevos nombres que aparecen en el gobierno de Kast, indicando que el diseño que se maneja en la clase política busca una restauración conservadora mediante carteras claves como Justicia, Educación, Defensa, Economía y las cuestionadas delegaciones presidenciales.

Por Jean Flores Quintana | Politólogo

Se acabaron los eufemismos. La nómina de la segunda línea del gobierno de José Antonio Kast confirma la brutalidad del diseño: la revancha histórica está en marcha. Imponen una Restauración Conservadora sin anestesia.

La burguesía chilena, aterrorizada tras la revuelta popular, abandona la "política de los acuerdos" y empuña el látigo. Este gabinete es un dispositivo de guerra desplegado en tres frentes: disciplinamiento moral (Opus Dei), control territorial (bala) y saqueo organizado (Mercado).

La hegemonía requiere dogma. El arribo de Luis Silva Irarrázaval (Republicano) a la Subsecretaría de Justicia constituye un escándalo democrático. El numerario del Opus Dei asume una trinchera teológica para subordinar la República a la biblia y dinamitar las conquistas en materia de derechos sexuales y reproductivos. 

Lee | Think tanks de los conservadores entrarán por la puerta ancha al gobierno de Kast

El asalto a la educación comienza en la cuna. María Cristina Tupper toma la Subsecretaría de Educación Parvularia como operadora de Libertad y Desarrollo. Su misión es ejecutar el repliegue del Estado bajo el dogma del "derecho preferente de los padres", institucionalizando la segregación temprana. Es la avanzada de la Fundación Jaime Guzmán: convertir el derecho en una transacción mercantil.

En la Subsecretaría de Educación, Daniel Rodríguez actúa como el sicario de la Nueva Educación Pública. El tecnócrata de Acción Educar —quien tildó de "exageración" la enseñanza de lenguas indígenas— llega a desmantelar los Servicios Locales para favorecer el negocio privado. El cerco lo cierra Fernanda Valdés en Educación Superior, desembarcando desde la Universidad de Los Andes y el Opus Dei para asfixiar la gratuidad. Transforman el Ministerio en una gerencia de ventas: fabrican clientes dóciles y desvían la subvención estatal hacia las cuentas de sus financistas.

Para masificar la doctrina, necesitan propaganda. José Francisco Lagos captura la Segegob. El operador de Res Publica, esa alcantarilla intelectual que criminaliza los derechos sociales, institucionaliza ahora la mentira de la meritocracia tóxica. El autor de La trampa de la desigualdad asume para culpar a la víctima de su propia precariedad y blindar la concentración económica.

La seguridad se militariza. En Defensa, el Vicealmirante (r) Rodrigo Álvarez rompe el pacto civil. Regresa el Jefe de Plaza que militarizó Valparaíso en 2019, el mismo que justificó la violencia estatal alegando que sus tropas “no eran robots”. El Partido Militar vuelve a la mesa chica con la doctrina del enemigo interno.

La estrategia incluye camuflaje: usan a Andrés Jouannet (Amarillos) en Seguridad Pública como hoja de parra “democrática”. Reciclan al intendente que redujo el conflicto en Wallmapu a un parte policial. Sin embargo, el control real recae en la "mano dura": Ana Victoria Quintana toma Prevención del Delito. La exfiscal del Partido Nacional Libertario institucionaliza la persecución. Seguridad convertida en fortaleza de clase: plomo para la población, blindaje para la cota mil.

El despliegue territorial es colonial. En La Araucanía, el Delegado Presidencial es Francisco Ljubetic. Reinstalan al Persecutor: el ex fiscal que violó el debido proceso asume el mando de la zona. La consigna es fuego; usarán los “testigos sin rostro” para gestionar la región como un fundo forestal.

Revisa | Para el gobierno de Kast, son seis naranjillos; para el Biobío es el futuro de una región

La élite financiera asegura el botín. En Economía se instala Karl Franz Koehler, abogado experto en mercado de valores vinculado a la Fundación Jaime Guzmán. Su gestión garantiza el flujo de capital hacia la especulación. Junto a María Paz Lagos en Turismo, el área económica muta en una oficina de intereses corporativos. Gobiernan para el 1% más rico: su patriotismo termina donde empieza el negocio transnacional.

Finalmente, el aparato. El cartel más peligroso de Chile (la UDI) recupera la cocina política con Máximo Pavez en la subsecretaría de Interior. Retorna el saboteador que negó la sal y el agua a la Convención Constitucional. Para completar el cuadro, Sebastián Figueroa (Republicano) toma la Subdere. Entregan la chequera fiscal al jefe de campaña de Kast: plata para el alcalde sumiso, asfixia para el opositor.

La emergencia es democrática. Ante el asalto a la República, impera la organización popular. Pasarán a la historia como los restauradores del feudalismo. Frente a su gobierno de gerentes y fanáticos, nos levantamos en defensa de las conquistas populares.