El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, firmó ayer el proyecto de ley para crear el denominado "Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades", una de las medidas más controversiales de su primera Cuenta Pública realizada el pasado 1 de junio. Detractores advierten del sesgo clasista con el que estas medidas podrían ser aplicadas de manera desproporcionada contra los sectores más vulnerables socialmente. 

Por: Alberto San Martín

Esta iniciativa legal busca identificar a quienes protesten o realicen acciones consideradas "vandálicas" en la vía pública para suspender de forma directa su acceso a múltiples beneficios estatales.

De acuerdo con los detalles que dio por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a Radio ADN, quienes sean incluidos en este catastro público permanecerán sancionados durante un periodo de cinco años. Durante ese tiempo, los infractores sufrirán duras restricciones civiles y económicas:

Educación: Pérdida de la gratuidad universitaria.
Previsión: Imposibilidad de recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Vivienda: Inhabilitación para postular a subsidios de arriendo o habitacionales.
Trámites: Bloqueo para renovar la licencia de conducir.
Bienes: Prohibición absoluta de inscribir propiedades o vehículos a su nombre.
Impuestos: Retención automática de la devolución anual de impuestos.

Cualquier personas que sea incluida en este registro, estará imposibilitada de obtener o renovar la licencia de conducir

¿Cuáles son los supuestos "Delitos e incivilidades" que estarán bajo la lupa?

El plan de seguridad del Ejecutivo sancionará un total de 12 conductas específicas, divididas entre delitos graves e incivilidades urbanas.

Delitos sancionados: Agresiones contra Carabineros o personal de la salud, interrupción del transporte público (como la quema de buses), tráfico de estupefacientes y daños a monumentos nacionales.

Incivilidades tipificadas: Rayados de muros sin permiso (grafitis), comercio ambulante, consumo de drogas o alcohol en calles públicas, venta ilegal de alcohol y destrucción de paraderos de buses.

Se viene un debate encendido en el Congreso

La propuesta ingresó formalmente al Congreso para su tramitación legislativa y abrió una intensa discusión política. Oposición y críticos advierten fallas severas de proporcionalidad en el castigo.

Analistas y detractores señalaron en La Voz de los Que Sobran que la medida afectará de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables que dependen de los subsidios, mientras que las personas de altos ingresos no sufrirán un impacto real por las mismas faltas. El proyecto de ley ahora deberá ser discutido en el Congreso, donde la oposición debería buscar mitigar los riesgos de criminalización de la protesta social y revisar la constitucionalidad de las sanciones administrativas propuestas por el ejecutivo.