[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"post:carta-de-penalistas-y-criminologos-as-sobre-proyecto-de-ley-nain-retamal":3,"ProgressiveImage_rOecCXtjxldfH8MZ3aUMrNhPTv8ksyyDvErml1YX9g":45,"ProgressiveImage_hCZVKI7EXe6GgdV5dTFPQW7fUIbXhBsaW1Kw5iVg":55,"ProgressiveImage_47v86odjhzm4dzFJQ1SnqZwCpcjiRyfs3mIvXkf9Yw":64,"ProgressiveImage_mmQ4Oi8WgpLBnEKyi60KKy06n3tmckusqbknH359b0M":73,"ProgressiveImage_hTGhDw40an4FTFNBdokoWZywvIYmFRvcHBBXpQIvEiM":82,"ProgressiveImage_SvAcgKhTuOV4wteCQKJqgVFnFducSkOc1HDzEwlyY":91,"ProgressiveImage_PsmTZUgtYoc1up5kOS307jURiQwLwMvTo49GEZ8L5F0":100,"ProgressiveImage_nDcSFfV9Nw898l9of3tDXG66kQmAFiHW271njwde3yY":109,"ProgressiveImage_8EcGF3n3pEdqsdrnzIBDOBGA2lsnNBsvgrHXq8TlZxg":118,"ProgressiveImage_poEA4aJJ9TuEpzS8Z15KOXYyZxI06OC0eAVnXDNG8":127,"ProgressiveImage_rldGgJrhRQ8LAUislG5GoUePlMnjTfZkdERuO0FA":136,"ProgressiveImage_JgyRUtvfM36WSvM4kqY829OpX5TBG65jeysKebGbLlc":145,"ProgressiveImage_pGDySHKoRSpsNPJU7tWZGkLho4jFfckN10h53zpk1g":154},{"ID":4,"the_title":5,"the_time":6,"the_time_m":7,"the_slug":8,"thumbnail":9,"the_tags":10,"the_category":35,"the_permalink":8,"the_content":38,"prev_post":39,"next_post":42},138409,"Carta de penalistas y criminólogos (as) sobre proyecto de Ley Naín Retamal","2023-04-05T02:47:46.000Z","2023-04-05T12:59:33.000Z","carta-de-penalistas-y-criminologos-as-sobre-proyecto-de-ley-nain-retamal","\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2023\u002F04\u002Fwhatsapp-image-2020-10-16-at-13-02-12.jpeg",[11,15,19,23,27,31],{"term_id":12,"name":13,"slug":14},1060,"Cartas a Resumen","cartas-a-resumen",{"term_id":16,"name":17,"slug":18},17093,"Crimonólogas","crimonologas",{"term_id":20,"name":21,"slug":22},17092,"Crimonólogos","crimonologos",{"term_id":24,"name":25,"slug":26},74,"Derechos humanos","derechos-humanos",{"term_id":28,"name":29,"slug":30},17066,"Ley gatillo fácil","ley-gatillo-facil",{"term_id":32,"name":33,"slug":34},17091,"Penalistas","penalistas",[36],{"term_id":37,"name":13,"slug":14},20,"\u003Cp>\u003Cstrong>Como profesores, profesoras y profesionales del área de derecho penal y criminológica, manifestamos nuestra profunda preocupación por la manera en la que el Congreso nacional está abordando la actual crisis de seguridad introduciendo modificaciones al Código Penal que aumentan los niveles de confusión en el uso de la fuerza policial y otras que podrían afectar gravemente los derechos de las personas y la responsabilidad y probidad en el ejercicio de la función pública. Se pierde con esto una oportunidad valiosísima para atender las demandas de seguridad de la ciudadanía con medidas que sean eficaces y sostenibles en el tiempo.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>En primer lugar, las modificaciones introducidas a las normas que regulan la legítima defensa afectan radicalmente la claridad de las reglas que rigen la labor policial aumentando los niveles de confusión que actualmente afectan su función. Esto es precisamente lo contrario a lo que necesitamos. Nuestro legislador debe contribuir a dar certeza y claridad a las formas aceptables del uso de la fuerza, para que las policías puedan cumplir con su labor en la comunidad de manera adecuada y sin incertidumbre.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cem>\u003Cstrong>Te puede interesar:\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fresumen.cl\u002Farticulos\u002Fdeclaracion-de-organizaciones-sociales-y-de-derechos-humanos-ante-la-agenda-policial-conjunta-de-gobierno-y-oposicion\"> Declaración de organizaciones sociales y de derechos humanos ante la agenda policial conjunta de Gobierno y oposición\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>En términos más específicos, nos preocupa especialmente la segunda hipótesis de esta nueva “legítima defensa privilegiada” en donde se extiende en demasía el alcance del permiso, pues la norma presume, por ejemplo, que los empujones a un funcionario policial, de parte de dos personas que resistan una detención, configuraría una agresión ilegítima si a juicio del policía o militar tuvieran el potencial de lesionar o matar. Esto implica que la cuestión queda entregada a un criterio puramente subjetivo del agente, en circunstancias que uno esperaría que quienes tienen autoridad para ejercer la fuerza en nuestras comunidades estuvieran sujetos a un estándar más elevado (y claro) que de cuenta de su profesionalismo y capacitación. En el numeral tercero, nos preocupa que la norma impone una confusa regulación al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, poniendo en riesgo no solo la integridad de las personas que participan en estos actos o que simplemente circulan por el sector, sino además retrocediendo en el esfuerzo que hemos emprendido para que las policías puedan discernir la mejor manera de hacer uso de su armamento, bajo principios de necesidad y proporcionalidad.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Otro problema relacionado con esta regulación de la legítima defensa es que, por la utilización de una discutible técnica legislativa, la norma ha sido incorporada en el Código Penal por lo que es de aplicación general, pudiendo ser esgrimida en contra de cualquier ciudadano incluso contra adolescentes, facilitando así una respuesta excesiva frente, por ejemplo, a las manifestaciones estudiantiles.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cem>\u003Cstrong>Te puede interesar: \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fresumen.cl\u002Farticulos\u002Fvictimas-de-trauma-ocular-y-ley-gatillo-facil-envalentona-a-carabineros-a-disparar-a-destajo-sin-miedo-a-consecuencia\">Víctimas de trauma ocular y Ley Gatillo Fácil: \"Envalentona a Carabineros a disparar a destajo, sin miedo a consecuencia\"\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>En segundo lugar, resulta extremadamente preocupante la alteración a la regulación de los delitos de tortura y apremios ilegítimos. La indicación Nº79 que fuera aprobada ayer en la Comisión de Seguridad Pública del Senado restringe el alcance del delito de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos (actual art. 150 D del Código Penal). Esta indicación limita la aplicación de dicho delito de diversas maneras, por ejemplo, circunscribiéndolo a conductas cometidas exclusivamente con malicia y no con simple dolo como ocurre en la generalidad de los delitos, limitándolo a conductas en las que se infrinjan reglamentos, eliminando la agravación de penas cuando las víctimas de apremios se encuentran bajo custodia, y alterando la actual regulación y delimitación entre torturas y apremios ilegítimos que ha tenido un desarrollo jurisprudencial importante.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>La indicación 77, por su parte, propone agregar un nuevo párrafo segundo al numeral 10 del artículo 10 del Código Penal que introduce una preocupante norma de impunidad. Este nuevo párrafo altera las reglas de participación criminal y de responsabilidad jerárquica respecto de delitos que no sean tortura, introduciendo una norma de impunidad para el superior jerárquico que “no impide o hace cesar” la aplicación de apremios ilegítimos. De acuerdo con la indicación propuesta, el superior jerárquico sólo es responsable cuando consintiere expresamente, a sabiendas, o hubiere ordenado la comisión de los ilícitos.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cem>\u003Cstrong>Te puede interesar: \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fresumen.cl\u002Farticulos\u002Famnistia-internacional-y-ley-nain-retama-la-decision-de-la-camara-implica-un-serio-retroceso-en-materia-de-ddhh\">Amnistía Internacional y Ley Naín-Retama: \"La decisión de la Cámara implica un serio retroceso en materia de DDHH\"\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Nada es más urgente y valioso que la seguridad y celebramos la urgencia que se le está dando a un reclamo tan transversal y presente. Las policías cumplen una función esencial en un Estado Democrático de Derecho y por eso se requiere la creación de un estatuto que dote de dignidad y certeza a quienes ostentan dicha calidad. Sin embargo, no se ha escuchado la voz de quienes, en todo el espectro político, llevamos décadas estudiando el problema de la delincuencia, no se ha mirado la evidencia que hemos aportado, no se ha abierto espacio alguno en que los expertos de derecha o izquierda puedan contribuir con esta agenda. El legítimo anhelo de dar seguridad a la población, de desbaratar al crimen organizado, de recuperar nuestros barrios y de respaldar la labor y dar mayores protecciones jurídicas a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad, no son excusa para minar nuestro sistema jurídico y retroceder en la protección de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Por el contrario, la legitimidad y legalidad de tales tareas sólo se consigue a través de la protección y aseguramiento de tales Derechos, tanto de los ciudadanos como de los propios miembros de los organismos de orden y seguridad.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>1. Rocío Lorca Ferreccio, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>2. Mario Durán Migliardi, Universidad de Atacama\u003Cbr \u002F>3. Myrna Villegas Díaz, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>4. Raúl Carnevalli, Universidad de Talca.\u003Cbr \u002F>5. Juan Pablo Mañalich Raffo, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>6. Christian Scheechler Corona, Universidad Católica del Norte\u003Cbr \u002F>7. Paula Medina González, Universidad Central de Chile\u003Cbr \u002F>8. José Luis Guzman Dalbora, Universidad de Valparaíso\u003Cbr \u002F>9. Felipe Salazar Tobar, Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>10.Ana Criado Cifuentes, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>11. Alejandra Olave Albertini, Universidad de Buenos Aires\u003Cbr \u002F>12. Isabel Yáñez Morales, Universidad Adolfo Ibáñez\u003Cbr \u002F>13. Karina Saavedra Lyng, Universidad Andrés Bello.\u003Cbr \u002F>14.María Inés Horvitz, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>15. Paula Vial Reynal, Pontificia Universidad Católica de Chile\u003Cbr \u002F>16.Pablo Fuentealba Carrasco, Universidad de Concepción\u002F Universidad de Edimburgo\u002F\u003Cbr \u002F>Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>17. Rocío Sánchez Pérez, Universidad Andrés Bello\u002F Sociedad chilena de criminología.\u003Cbr \u002F>18.Sheila Fernández Míguez. Universidad Autónoma de Chile\u003Cbr \u002F>19. Diva Serra Cruz, Universidad de Concepción\u003Cbr \u002F>20. Iván Navarro Papic, Universidad Carlos III de Madrid\u002F Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>21.Liliana Manzano Chávez, Universidad Santo Tomás\u002FSociedad chilena de Criminología.\u003Cbr \u002F>22.Javiera Tapia Pérez, abogada especializada en DD. HH y Derecho penal\u003Cbr \u002F>23. Gloria Mancilla Ibacache, Universidad de Talca y Universidad Alberto Hurtado\u003Cbr \u002F>24.José Ángel Fernández Cruz, Universidad Austral de Chile\u003Cbr \u002F>25.Carlos Cabezas Cabezas, Universidad de Antofagasta\u003Cbr \u002F>26. Claudia Cardenas Aravena, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>27.Felipe González Hernandez, Universidad de Valparaíso\u003Cbr \u002F>28.Andrés Benavides Schiller, Universidad de Valparaíso,\u003Cbr \u002F>29. Juan Pablo Castillo Morales, Universidad Andrés Bello5\u003Cbr \u002F>30. Paula Pérez Morgado, Sociedad Chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>31. Marcela Tapia Silva, Universidad Austral de Chile\u003Cbr \u002F>32. Osvaldo Artaza Varela, Universidad de Talca\u003Cbr \u002F>33. M. Jesús Fernández Gumucio, Red de Acción carcelaria\u003Cbr \u002F>34. Laura Mayer Lux, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso\u003Cbr \u002F>35. Claudia Casteletti Font, abogada penalista\u003Cbr \u002F>36. Catherine Ríos Ramírez, Universidad Andrés Bello\u003Cbr \u002F>37. Magdalena Garcés Fuentes, abogada especialista DDHH y penalista\u003Cbr \u002F>38. Rolando José Carmona Aldunate, Pontificia Universidad Católica de Chile\u003Cbr \u002F>39. Roberto Dufraix Tapia, Universidad de Tarapacá\u002F Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>40. Daniel Fredes García, Universidad Central de chile\u002F Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>41. Agustín Walker Martínez, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>42. Grace Mendez Montes, abogada penalista\u003Cbr \u002F>43. Ulda Omar Figueroa Ossa, Pontificia Universidad Católica de Chile\u002F Sociedad chilena de\u003Cbr \u002F>Criminología\u003Cbr \u002F>44. Jacinta Rodríguez Pavani, Pontificia Universidad Católica de Chile\u002F Sociedad chilena de\u003Cbr \u002F>Criminología\u003Cbr \u002F>45. Carlos Guajardo García, Universidad Alberto Hurtado\u002F Sociedad chilena de Criminología.\u003Cbr \u002F>46. Paula Hollstein, Universidad de Warwick\u003Cbr \u002F>47. Alejandra Luneke, Universidad Alberto Hurtado\u003Cbr \u002F>48. Olga Espinoza Mavila, Universidad de Chile\u002F Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>49. Marisol García Carrera, Universidad Miguel de Cervantes\u003Cbr \u002F>50. Christie Mella, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso\u003Cbr \u002F>51. Agustina Alvarado Urízar, Universidad Andrés Bello\u003Cbr \u002F>52. Jaime Pacheco Quezada, Universidad de Concepción\u003Cbr \u002F>53. Nicolás Cisternas Vásquez, Universidad Andrés Bello \u002FSociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>54. Alejandra Mohor, Universidad de Chile \u002FSociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>55. Ana Morales-Gómez, University of Sheffield\u002F Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>56. Daniela Mardones Bravo, Universidad de Edimburgo\u002F Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>57. María Elena Santibáñez Torres, Pontificia Universidad Católica de Chile.\u003Cbr \u002F>58. Silvio Cuneo Nash, Universidad Central de Chile\u002F Sociedad chilena de Criminología\u003Cbr \u002F>59. María Cristina Melgarejo Sáez, Universidad Católica de la Santísima Concepción\u003Cbr \u002F>60. Angélica Torres Figueroa, Universidad Diego Portales\u003Cbr \u002F>61. Carolina Arancibia López, Universidad Arturo Prat\u003Cbr \u002F>62. Javier Velásquez Valenzuela, Universidad de la Frontera\u002F Sociedad chilena de\u003Cbr \u002F>Criminología\u003Cbr \u002F>63. Karinna Fernández Neira, abogada especialista en DD.HH y Derecho penal.\u003Cbr \u002F>64. Jaime Winter, Universidad de Chile.\u003Cbr \u002F>65. Gonzalo García Palominos, Universidad de los Andes.\u003Cbr \u002F>66. Juan Ignacio Rosas, Pontificia Universidad Católica de Chile\u003Cbr \u002F>67. Mauricio Duce Julio, Universidad Diego Portales\u003Cbr \u002F>68. Lautaro Contreras, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>69. Marcela Aedo Rivera, Universidad de Valparaíso\u003Cbr \u002F>70. Jorge Toro Muñoz, Círculo telemático de Derecho penal\u003Cbr \u002F>71. Luis Varela Ventura, Universidad de Antofagasta\u003Cbr \u002F>72. Lucia Dammert, Universidad de Santiago\u003Cbr \u002F>73. Paz Irarrázabal, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>74. Javier Contesse, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>75. Consuelo Murillo, Universidad Andrés Bello\u003Cbr \u002F>76. Felipe de la Fuente, Universidad Adolfo Ibáñez\u003Cbr \u002F>77. Guillermo Oliver, Universidad Católica de Valparaiso\u003Cbr \u002F>78. Gonzalo Agliati Vásquez, Universidad Católica de Valparaiso\u003Cbr \u002F>79. Juan Pablo Cox Leixelard, Universidad Adolfo Ibáñez\u003Cbr \u002F>80.Francisco Gomez Muñoz, Universidad Andrés Bello\u003Cbr \u002F>81. Andrea Rojas Acuña, Universidad Andrés Bello\u003Cbr \u002F>82. Tatiana Vargas, Universidad de Los Andes\u003Cbr \u002F>83. Tereza Sambueza, Universidad de Concepción\u003Cbr \u002F>84. Alvaro Castro, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>85. Guillermo Silva, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>86. Patricio Rosas, Universidad de Chile y Sociedad chilena de criminología\u003Cbr \u002F>87. Daniela Bolivar, Universidad Católica\u003Cbr \u002F>88. Marcelo Villena, Universidad de Concepción\u003Cbr \u002F>89. Felipe AbbotT, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>90. Alfredo Fernández, abogado\u003Cbr \u002F>91. Pablo Carvacho, Centro Justicia y Sociedad, UC\u003Cbr \u002F>92. José Ignacio Nuñez, Universidad Alberto Hurtado.\u003Cbr \u002F>93. Jorge Ulloa, Universidad Central de Chile.\u003Cbr \u002F>94. Rafael Collado, Universidad Alberto Hurtado\u003Cbr \u002F>95. Sebastián Velasquez Díaz, abogado de DDHH y penal\u003Cbr \u002F>96. Cristián Irarrázaval Zaldívar, Universidad de Freiburg\u003Cbr \u002F>97. Eduardo Aguirre Mancilla, abogado DDHH\u003Cbr \u002F>98. Diego Falcone Soto, Universidad Andrés Bello\u003Cbr \u002F>99. Camila Treimun Costa, abogada\u003Cbr \u002F>100. Cristián Cruz Rivera, abogado DDHH\u003Cbr \u002F>101.Boris Paredes Busto, abogado DDHH\u003Cbr \u002F>102.Ignacio Figueroa Elgueta, abogado.\u003Cbr \u002F>103. claudio Lam, abogado\u003Cbr \u002F>104.Cristián Vera Vicuña, Universidad La República\u003Cbr \u002F>105. Rodrigo Rios Álvarez, Universidad Finis Terrae y Católica del Maule\u003Cbr \u002F>106. Francisco Bustos Bustos, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>107. Leslie Parga Urenes, Universidad Católica Silva Henríquez\u003Cbr \u002F>108. Humberto Ramírez Larrain, Universidad Andrés Bello\u003Cbr \u002F>109. Fabiola Girao Monteconrado, Universidad Católica del Norte\u003Cbr \u002F>110. Paulina Escobar Arriagada, abogada penalista\u003Cbr \u002F>111. Jesús Elgueta Pérez, abogado penalista.\u003Cbr \u002F>112.Julio Cortes Morales, abogado DDHH\u003Cbr \u002F>113. Alberto Cecereu, Universidad de Valparaíso\u003Cbr \u002F>114. Sergio Fuenzalida, Universidad Central de Chile.\u003Cbr \u002F>115. Solange Huerta Reyes, abogada y ex fiscal regional metropolitana\u003Cbr \u002F>116-Alvaro Pérez Verde-Ramo, abogado y ex fiscal adjunto del Ministerio Público\u003Cbr \u002F>117. Eva Ahumada, Universidad de Chile y Universidad Autónoma de Barcelona\u003Cbr \u002F>118. Gonzalo Berrios, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>119. Francisca Pesse, colegio de psicólogos\u003Cbr \u002F>120.Alberto Espinoza Pino, abogado DDHH\u003Cbr \u002F>121.Paulina Gutierrez Peña, Universidad Catolidel Norte\u003Cbr \u002F>122.Mauricio Reyes, Universidad Adolfo Ibáñez\u003Cbr \u002F>123.Claudio Fierro, Pontificia Universidad Católica de Chile\u003Cbr \u002F>124. Jenny Contreras Gómez, abogada, ex defensora penal pública licitada\u003Cbr \u002F>125.Luis Vial Recabarren, sociólogo, sociedad chilena de criminología\u003Cbr \u002F>126.Mauricio Reyes López, Universidad Adolfo Ibañez\u003Cbr \u002F>127.Santiago Fernandez Collado, Universidad Finis Terrae\u003Cbr \u002F>128.Angélica Ramírez Valdés, psicología UDLA\u003Cbr \u002F>129.Ricardo Bustos Becerra, abogado, presidente Agrupacion de Defensores de DDHH\u003Cbr \u002F>130.Miguel Schurmann, Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>131.Daniela Zuñiga Silva,\u003Cbr \u002F>psicóloga, sociedad chilena de criminología\u003Cbr \u002F>132.Francisco Estrada, Corporación Infajus\u003Cbr \u002F>133. Carlos Silva Núñez, Universidad Andrés Bello\u003Cbr \u002F>134. Patricio Saavedra, Universidad Bernando OHiggins\u003Cbr \u002F>135. Mariana Bell, abogada Universidad de Chile\u003Cbr \u002F>136. Andrea Pinto Bustos, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso\u003Cbr \u002F>137. Nicolás Acevedo Vega, Universidad Mayor\u003Cbr \u002F>138.Marcela Araya Acuña, Universidad de Chile\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003C!-- wp:paragraph -->\u003C!-- \u002Fwp:paragraph -->\u003C\u002Fp>\n",{"post_name":40,"post_title":41},"apoderadas-os-del-colegio-biobio-denuncian-mala-gestion-y-abandono-por-parte-del-slep-andalien-sur-ante-multiples-robos","Apoderadas\u002Fos del colegio BioBío denuncian mala gestión y abandono por parte del SLEP Andalién Sur, ante múltiples robos",{"post_name":43,"post_title":44},"podcast-cronica-de-ruperto-concha-trump-y-el-alma-de-eeuu","PODCAST | Crónica de Ruperto Concha: Trump y el alma de EEUU",["Island",46],{"key":47,"params":48,"result":50},"ProgressiveImage_rOecCXtjxldfH8MZ3aUMrNhPTv8ksyyDvErml1YX9g",{"props":49},"{\"thumbnail\":\"\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2023\u002F04\u002Fwhatsapp-image-2020-10-16-at-13-02-12.jpeg\",\"title\":\"Carta de penalistas y criminólogos (as) sobre proyecto de Ley Naín 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